La modificación que plantea el proyecto es “la sustitución de la Planilla Anexa II al inciso b) del Artículo 70 de la Ley de impuestos internos – texto ordenado en 1979 y sus modificaciones- y la eliminación de ciertos productos tecnológicos y de informática de la Planilla Anexa al inciso e) del cuarto párrafo del Artículo 28 del Impuesto al Valor Agregado – texto ordenado en 1997 y sus modificaciones-”.
Concretamente al modificar la ley impuestos internos se extiende una alícuota del 17 % nominal, a la importación y venta de productos informáticos. Además, ciertos productos tecnológicos e informáticos son eliminados del IVA por lo que el gravamen aumentaría del 10,5% actual al 21%, es decir que correlativamente aumentaría su valor. Aumento de impuestos internos por un lado, y aumento del IVA, por otro.
Tiempo atrás, la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (CICOMRA), emitió al respecto una solicitada en los diario gráficos de mayor distribución del país titulada “Teléfonos celulares y notebook más lejos del alcance de los argentinos”, en la que criticaba fuertemente el proyecto de ley.
Consignaban que el proyecto nos afectaba a “todos” porque aumentaría el precio a los consumidores y “los argentinos tendremos que pagar hasta un 34% más para acceder a cualquier teléfono celular, notebook o monitor de computadora” alentando así el mercado negro. También “creará una barrera para los sectores con menos recursos quienes deberán destinar mayor parte de su ingreso para mantenerse comunicados o acceder a la información”.
Otro tanto hace referencia la solicitada a la cuestión del empleo, ya que “dificultará el desarrollo de PyMES y jóvenes profesionales, determinantes en el crecimiento de la economía y la generación de empleo y principales usuarios de este tipo de productos”. El sector tecnológico “aporta más de 180.000 puestos de trabajo directo cuya demanda de capital humano calificado ha crecido al 9% anual en los últimos años”.
No obstante, entre los fundamentos del proyecto se establece que “importa incorporar al objeto del gravamen que nos ocupa, determinados productos suntuarios, de forma tal que quienes más poseen colaboren en mayor medida en la formación de las reservas necesarias para enfrentar con mejores medios la crisis financiera internacional y de aquellos bienes que demandan un alto consumo energético, de manera tal de incentivar el uso racional de la energía, en consonancia con las medidas vigentes a nivel nacional e internacional”.
Lo que para la CICOMRA no es tan así ya que “en un contexto de incertidumbre económica global, se debe potenciar el sector de mayor dinamismo de la economía, en lugar de promover una propuesta recaudatoria que impactará el consumo de bienes de uso cotidiano”.
Se trata del primer proyecto que se debate en el plenario del recinto de Diputados, tras el amplio receso invernal.