Sin embargo en el Congreso de la Nación ya existían varias iniciativas en el mismo sentido aunque, hasta el momento, no habían tenido gran avance parlamentario.
En la sentencia condenatoria al Estado Nacional, la CIDH le solicitó a la Argentina que adecue en un “plazo razonable” su derecho interno conforme a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. En este sentido el Ejecutivo, a más de un año y cuatro meses del fallo, envió el proyecto al Congreso.
Se propone reformar el Código Penal para sustituir el artículo 109 y el 110 de modo que no se considere delito de calumnias o injurias a “las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”. De la misma manera que tampoco lo sean las injurias cuando “los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.
Entre los otros proyectos existentes en el Congreso Nacional, hay uno del senador Samuel Cabanchik presentado en 2008 y que también propone reformar el Código aunque en el artículo 114. Allí expresa que “cuando la calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción”.
El senador señaló que la presidenta no hace más que “cumplir, finalmente, con los compromisos internacionales que tiene pendiente nuestro país en materia de derecho” y advirtió que “resultaría saludable que ante esta iniciativa del Poder Ejecutivo, el oficialismo, en el Parlamento, se abra al debate de los proyectos presentados sobre este tema y otros, en vez de ‘cajonearlos’ como casi siempre hace con las iniciativas generadas por la oposición”.
Otras de las propuestas que esperan ser revisadas fue presentada por la diputada Silvana Giudici. Su iniciativa plantea que los delitos de calumnias e injurias “sólo serán punibles si el denunciante o querellante probare la intención de difundir una falsedad y/ o la absoluta despreocupación del medio periodístico por corroborar la veracidad de la información y/ o juicio de valor difundido”.
A diferencia del proyecto oficial y del Cabanchik, este proyecto amplía las modificaciones al Código Civil. Sugiere modificar el artículo 1.089 advirtiendo que ante un delito encuadrado en calumnia o injuria “el ofendido sólo tendrá derecho a exigir en sede civil una indemnización pecuniaria, si probase que por la calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre que el imputado no probare la verdad de la imputación”. En cambio propone eximir de responsabilidad civil a “la imputación realizada por opiniones o comentarios vertidos contra funcionarios públicos en virtud de actos u omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones y/ o la imputación realizada en virtud de la difusión de información y/ o de la emisión de juicios de valor, por cualquier medio periodístico”.
Esta reforma integral que abarcaría tanto al Código Civil como al Penal, fue planteada a principios de año por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), en una presentación de su propuesta. La ONG se mostró, tras la presentación de la presidenta, satisfecho con la decisión de cumplir con los compromisos internacionales aunque aclaró que “el proyecto debería ser completado por los legisladores con una reforma del Código Civil que evite la utilización arbitraria y desproporcionada de las indemnizaciones pecuniarias para cercenar la libertad de expresión de periodistas y ciudadanos en general”.
También existe una propuesta de la diputada Diana Conti que también sugiere una modificación tanto del Código Penal como del Civil, así como el proyecto de Marcela Rodríguez ingresado en marzo de este año y que cuenta con la firma de catorce diputados de diversos partidos como Claudio Lozano, Victoria Donda, Vilma Ibarra, Héctor Recalde, Pedro Azcoiti, Alicia Comelli y Nora Cezar entre otros.
La Comisión de Legislación Penal es la encargada de comenzar con el tratamiento de todas estas iniciativas y buscar consensos para su aprobación.