Estos dos últimos puntos si bien no son los únicos que se pretenden modificar, son los que más irritación genera.
Marcelo Vázquez, presidente del Colegio de Magistrados de la Ciudad aseguró a diariojudicial.com que desde la entidad realizarán “algunas observaciones al proyecto en particular aquellas que pondrían en riesgo el acceso a la Justicia, y la posibilidad de ofrecerle al ciudadano que denuncia, una supuesta afectación por un acto del Estado”.
En cuanto al punto de recusación sin causa, Vázquez señaló que ello debería ser motivo de “reconsideración” por parte de los legisladores, puesto que con ella “se le otorgaría al Estado una herramienta de selección de magistrados a modo de forum shopping, privando a ciudadanos de sus jueces naturales, con lo cual podría haber lesión a la Constitución de la ciudad”.
Sobre el punto, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo, uno de los más enfrentados con la administración de Mauricio Macri, dijo a DJU que ello constituye una “gravedad”, y que producirá “una desvirtualización del régimen de designación del juez natural”. Si bien con la propuesta la idea es sólo permitir recusar en una sola oportunidad por expediente, según Gallardo, “ya se garantizan que causa que está en un juzgado que es sensorialmente negativo para ellos se lo van a sacar de encima y caerá en despacho de otro juez que podrá ser o no simpático para el Gobierno”.
El otro de las reformas pensadas sensibles para los jueces, es de la exigencia de una contra cautela pecuniaria. “Ello condicionaría el acceso a la respuesta judicial de aquellos que tienen condiciones económicos complicadas para poder hacerlo. Vemos con preocupación la existencia de contra cautela porque restringe acceso a ciudadanos a tener respuesta al Poder Judicial”, advirtió Vázquez.
“Tal cual está redactado el despacho de comisión de mayoría de la Legislatura, la tónica sería que frente a cualquier medida cautelar fuese la naturaleza que sea, vivienda o alimentaria, impondría que los jueces tendrían que ordenar una caución. Contradice no sólo la Constitución de la Ciudad, sino la Nacional y los tratados que forman parte de nuestro sistema normativo”, opinó Gallardo.
“Son tan disparatadas que no se entiende cual es la idea final, tan grosero que no se comprende que es, si un meta mensaje o un globo de ensayo”, fustigó.
El presidente de la entidad que agrupa a los magistrados de la Ciudad fue más allá con las críticas, y se refirió a la imposibilidad de aplicar multas por incumplimientos de una sentencia. “Allí habría afectación al acceso de justicia, en la medida en que la parte no se animaría a requerir eso, y por otro lado si no hay orden judicial que no se cumple no habría posibilidad de lograr que se haga efectiva”. “Si hay orden judicial sería ideal que se acate por más de no estar de acuerdo con ella”, razonó Vázquez.
Según explicó el magistrado, la entidad “va a dar a conocer un texto a fines de contribuir al proceso legislativo y mucho más cuando nosotros somos los operadores del sistema y vamos a tener que aplicar las normas que se están propiciando”.
Diariojudicial.com intentó obtener la opinión de otros jueces del fuero en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, quienes finalmente serán –de aprobarse las reformas- quienes terminarán aplicándolas. Sin embargo, muchos de ellos dijeron desconocer el texto original de la propuesta, y otros prefirieron no pronunciarse ante la eventual posibilidad de que en el futuro tengan que resolver un planteo contra dicha reforma, y en ese caso estarían prejuzgando.
El pasado lunes varios integrantes de la Justicia se manifestaron en contra de la sanción de dicho proyecto, en oportunidad de ser invitados a una jornada debate organizada por tres legisladores integrantes de la Comisión de Justicia (Liliana Parada, Gonzalo Ruanova y Sergio Abrevaya) que se oponen a la propuesta del macrismo.
Entre ellos, la defensora adjunta de la Ciudad Graciela Christe aseguró que “la reforma tiene un sentido claramente recesivo”. En su discurso, hizo hincapié en los sectores económicos más necesitados y ejemplificó. “fíjense que una persona que vive en la calle, porque carece de un lugar donde llevar a cabo su vida, no puede presentar una cautela anticipada para escapar de esa situación. Es decir, en relación al derecho a la vivienda, a la salud, hay allí, una importantísima cantidad de personas que requieren la figura del Defensor Público y necesitan de las medidas cautelares”.
Sobre la recusación sin causa, Christe consideró que “afecta especialmente a la garantía del juez natural, en la medida en que lo sujeta a una presión totalmente arbitraria en la elección sobre cual será el Juez a intervenir”.