El Máximo Tribunal canalizó el aumento a través del acuerdo extraordinario Nº 6, realizado la semana pasada, en el que advirtió que no cuenta con fondos propios para dar el incremento por lo que explicó que se otorgará cuando el Poder Ejecutivo gire la plata.
El adicional que se dispone está sujeto a la transferencia del crédito presupuestario necesario para hacer frente a esta erogación en la partida pertinente, por parte del Poder Ejecutivo”, sostuvieron los jueces Carlos Rubin, Guillermo Semhan, Juan Carlos Codello y Fernando Niz, y el fiscal general Cesar Sotelo.
El aumento para la administración pública fue dado por el gobernador Arturo Colombi en el marco de la campaña del ballotage electoral en el que este domingo perdió contra su primo, Ricardo Colombi, ambos radicales pero enfrentados a nivel político y personal.
En el Poder Judicial el incremento lo recibirán los 1929 agentes que lo integran (jueces, funcionarios y empleados) e inclusive los contratados con locación de servicios. “Este adicional no será parte integrante de la base de cálculo de ningún concepto remunerativo y/o no remunerativo”, aclaró el STJ.
Por otra parte, los empleados judiciales plantearon que el aumento es escaso. “La suma fija de $ 300, por única vez, que otorga el Ejecutivo, no bonificable, es solo un paliativo, mientras que en sus manos esta otorgarle a esa partida, el carácter remunerativo de incremento salarial, que además de ser paliativo, seria la muestra mas cabal de reconocer lo legítimo del reclamo, por ser éste de carácter alimentario”, opinó el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (SITRAJ) tras una reunión con el presidente del Máximo Tribunal, Rubín.
Como en otras oportunidades, el gremio resaltó que los sueldos están alejados de la realidad de todos los días de los ciudadanos. “En ese sentido, desde el mes de Octubre del año 2008 (dando origen al Expte. Nº S-206/08), ante cada petición, adjuntamos los distintitos índices del INDEC (Índice de Precios al Consumidor) desde junio/85, para fundar en cuanto a la pérdida real del poder adquisitivo de los salarios de los empleados judiciales, que al 31 de agosto asciende a más del 47%”, explicó la entidad.