Aunque sí dejaron excluidas de reformas las agencias fiscales especializadas de graves atentados contra las personas y la de delitos juveniles, las cuales seguirán funcionando como tales.
Al mismo tiempo, instruyeron al Fiscal del Tribunal Superior de Justicia Alberto Tribug, a establecer el nuevo organigrama del Ministerio Público, y “disponer el cronograma de implementación de las modificaciones, estableciendo las fechas a partir de las cuales se implementarán las modificaciones que aquí se realizan, y disponer las reasignaciones de personal”.
El planteo de reestructuración había sido solicitado por el propio fiscal Tribug, quien justificó en la inequitativa distribución de causas que actualmente existe en las fiscalías especializadas, sumado a la imposibilidad de designar nuevos funcionarios por la crisis presupuestaria.
Justamente, una de las fiscalías, la de Delitos Contra la Administración Pública la cual se abocaba a la investigación de hechos de corrupción, manejaba pocas causas y produce pocos resultados.
A raíz de esta decisión del TSJ, las cuatro dependencias especializadas volverán a funcionario como fiscalías comunes, y las causas que tramitaban en cada una de ellas serán redistribuidas, al igual que el personal.
Las reestructuraciones fijadas en las fiscalías especializadas son de carácter transitorio, puesto que se está evaluando un proyecto de Reforma Procesal Penal.