La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciará una serie de audiencias públicas en Washington a partir del 2 de noviembre. Ese día, se tratarán dos casos en los que se demandó al Estado argentino: por un lado, una presentación de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat del Chaco Salteño por la propiedad de sus tierras; y, por el otro, una presentación conjunta de los periodistas Tomás Sanz y Horacio Verbitsky y la comediante Gabriela Acher por violación al derecho de libertad de expresión.
Ambos querellantes son patrocinados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En la causa “Horacio Verbitsky y otros”, el CELS junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) inició el expediente por distintos procesos penales y civiles que debieron afrontar los periodistas Tomás Sanz y Horacio Verbitsky y la humorista Gabriela Acher.
Sanz fue denunciado junto con el periodista Andrés Cascioli por el delito de injurias. Ambos redactores de la revista Humor habían sido querellados por la ex funcionaria María Julia Alzogaray por la publicación de fotos trucadas en las que el rostro de la funcionaria aparecía agregado al cuerpo de mujeres desnudas.
Verbitsky, por su parte, fue denunciado por el entonces ministro del Interior Carlos Corach por la publicación de su libro Robo para la corona, por el delito de desacato. Tras pasar por la Cámara, la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia de prescripción y resolvió devolver la causa a los tribunales ordinarios para que se dicte nueva sentencia.
En tanto, en el caso Acher la humorista parodió al ex presidente Carlos Menem. En ese expediente, la Corte abandonó el criterio por el que se protegía la sátira como medio de crítica.
En diálogo con DiarioJudicial.com, la directora adjunta del CELS, Andrea Pochak, indicó que “se pidió esta audiencia para presentar los alegatos y argumentar que es el momento propicio para elevar el caso ante la Corte Interamericana”.
Pochak manifestó la urgencia de la aprobación en el Congreso de una ley que despenalice el delito de calumnias e injurias aunque insistió en la necesidad de avanzar también en la reforma del Código Civil.
Participarán de esa audiencia Pochak; el ex director de la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA, Damian Loreti; Verbitsky, y probablemente Sanz.
Antes de esa audiencia pública los miembros de la CIDH deberán escuchar a los integrantes de la Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat quien demandó al Estado argentino por “violaciones a sus derechos a la tierra ancestral, a la integridad cultural y a un ambiente sano”. Es que el Estado construyó un puente internacional y ejecutó plan de urbanización en su territorio.
Pochak explicó que aunque la presentación ante la CIDH comenzó por la construcción del puente luego incluyó la necesidad de que los indígenas del Chaco salteño pudieran tener los títulos de propiedad de sus tierras.
“Es un caso emblemático, porque los pueblos vienen reclamando hace más de 20 años en todas las instancias y sus derechos son sistemáticamente violados. La solución está al alcance de la mano porque son tierras fiscales”, indicó Pochak que además se refirió a “conflicto cultural” que se da en la zona pues “colisiona” la cultura indígena con la no indígena, que, en algunas cuestiones, tienen prácticas opuestas.
La abogada subrayó que las familias criollas que eventualmente fueran trasladadas deberían ser reparadas.
Pochak enfatizó que “el mensaje de la CIDH es muy importante” por el antecedente para otras comunidades indígenas que podría sentar. “Estamos convencidos que la Corte y la comisión nos van a dar la razón”, insistió la abogada.
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