El proyecto contempla “solicitarle al Gobernador de la Provincia se abstenga de formular declaraciones relacionadas con la castración sexual por ser materia competente del Congreso Nacional y por estar demostrado su inconveniencia desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico, ya que los delincuentes castrados se tornan aún más violentos ya que no se les inhibe la perversión ni el deseo de agredir”.
En el texto, se contempla una dura crítica hacia la vialidad legal que pueda tener la iniciativa, así como que sólo sería posible, reformando el Código Penal. “Debemos saber que la materia penal de fondo no es competencia de las Provincias, ya que el único órgano que tiene tales atribuciones es el Congreso Nacional (Art. 75 inc 12 de la Constitución Nacional)”.
“Las experiencias extranjeras indican que la aplicación de los distintos métodos de castración no han tenido los resultados esperados, sino que por el contrario son desencadenantes de otras formas de violencia. La comisión de delitos igualmente graves comienzan a manifestarse ante la frustración del placer sexual que generaba en el delincuente”, según Bruni.
“La mayoría de los expertos e investigadores coinciden al señalar que la castración química de los violadores no es la solución definitiva para este comportamiento sexual, y que, por el contrario, podría hasta agravarlo”, añade el texto.
Mientras tanto, el “Consejo Asesor de Expertos para la Prevención de la Reincidencia de delitos de índole sexual” que convocó el Gobernador, está manteniendo reuniones para analizar la vialidad legal y la eficacia de la castración química.
Los profesionales que integran el Consejo, entre ellos jueces y psicólogos, están evaluando por el momento hacer que la castración química sólo se realice cuando sea aceptada por el destinatario, y únicamente en aquellos casos en que la recomiende previamente un profesional.