El texto del proyecto, contempla instruir “al Vice Presidente 1º de la Legislatura a promover demanda contra el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por conflicto de poderes, por cuanto las resoluciones dictadas por jueces del Fuero Contencioso Administrativo, referidas a la intervención de la Legislatura en el procedimiento de acuerdo de un candidato al Tribunal Superior de Justicia, se arrogan y desconocen atribuciones y competencias que son propias de este Cuerpo, en violación del artículo 111 de la Constitución local”.
“El obrar de los jueces, al intentar hacer cesar las funciones y competencias propias del Poder Legislativo, siendo que ningún desvío por parte de éste se ha producido a las normas constitucionales y reglamentarias que guían su proceder, constituye una indudable violación a la separación de poderes que prevé nuestro sistema republicano”, suscribió en su proyecto.
La iniciativa la plasmó luego que algunas medidas cautelares, entre ellas las dictadas por los jueces Guillermo Scheibler, Roberto Gallardo y Helena Liberatori, ordenaron al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo suspender los procedimientos de designación de Ugolini. A eso se sumó el allanamiento en la Legislatura dispuesto por la jueza Patricia López Vergara.
El legislador PRO explicó que la propuesta llegó a esta Legislatura el 16 de setiembre pasado, “y a partir de allí se pusieron en marcha los mecanismos previstos constitucionalmente. Esta secuencia es importante de ser señalada, porque si algún vicio hubiere existido en el procedimiento que se desarrolló por ante el Poder Ejecutivo era contra éste que debía actuarse y en el tiempo en que el mismo ejercía su competencia”.
“Los eventuales vicios, de existir, afectarían el procedimiento que se desarrolló por ante el Poder Ejecutivo y no el que se está llevando a cabo en este Poder Legislativo”, insistió.
Además minimizó la significación de una cautelar, puesto que “no aportan certeza sobre el objeto de fondo de lo cuestionado, y que no afectan derechos de particulares que no puedan encontrar remedio dentro del tramite ordinario previsto para prestar el acuerdo a la postulación elevada”.
“La Legislatura tiene constitucional, legal y reglamentariamente establecido el procedimiento que se debe seguir para prestar acuerdos, el que incluye amplias posibilidades de participación popular”, según el fundamento invocado por Borrelli en su proyecto.