Para los menores de 14 y 15 años se prevé sanciones cuando cometen un delito doloso tipificado con una pena mínima de tres años de prisión, pero no recibirán ningún castigo cuando el hecho que se les imputa sea de acción privada con sanciones de multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años
En tanto, para los jóvenes de 16 y 17 años son penalmente responsables de los delitos dolosos que tengan una pena mínima de dos años de prisión; en tanto no serán juzgados cuando comentan un delito de acción privada que tenga una pena menor a los dos años de prisión.
La ley establece que la prisión para los menores es “la excepción y el último recurso” de las penas posibles a aplicar. Por esa a norma establece una escala de sanciones que van desde disculpas personales ante la víctima, reparar el daño causado, prestación de servicios a la comunidad, órdenes de supervisión y orientación; privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre, privación de libertad en domicilio, y la privación de libertad en centro especializado, como última opción.
En el caso de la pena privativa de la libertad, “la totalidad deberá cumplirse en el centro especializado, en secciones diferenciadas y separadas en razón de edad y sexo”, explicó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Rubén Marín (Frente para la Victoria – La Pampa).
“Las personas menores de dieciocho (18) años comprendidas en la presente ley gozan de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás Tratados Internacionales ratificados por nuestro país”, establece la iniciativa.
El proyecto había sido aprobado el 8 de julio pasado en general por el Senado pero faltaba el tratamiento de cada artículo de la iniciativa, que fue lo que hizo el miércoles el Senado, por lo que ya quedó habilitado para ser analizado por Diputados, lo que ocurrirá el próximo año.
En el Senado el tratamiento en particular fue aprobado por 44 votos a favor y uno en contra, el de la senadora del oficialismo por La Rioja Teresa Quintela que se opuso a bajar la edad de imputabilidad. “dado como está la Justicia, me opongo a la judicialización de estos niños y adolescentes que, como ha quedado manifestado en el proyecto que presenté oportunamente, no tienen un juicio acorde a ninguno de los delitos que han cometido”, dijo la legisladora.
Lo aprobado también establece que la menor embarazada o con hijo menor de 5 años que haya sido condenada a una pena de detención, pueda pedirle al juez acceder a otra sanción.