Algunos de los proyectos que fueron presentados tuvieron como objetivo debilitar al fuero Contencioso Administrativo y Tributario, que en muchos casos fue adverso al Poder Ejecutivo con sus fallos.
Dos jueces que en los últimos años le dieron dolores de cabeza al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, pertenecen a ese fuero: los magistrados Roberto Gallardo y Gabriela Seijas. En enero del año pasado, Gallardo aceptó un amparo que presentó el gremio Sutecba y ordenó que la ciudad reincorporara a los 2400 trabajadores despedidos.
Por su parte, Seijas declaró inconstitucionales, a principios de este mes, dos artículos del Código Civil y permitió el primer matrimonio entre homosexuales, algo que a Macri le repercutió en críticas por parte del Arzobispo de Buenos Aires Jorge Bergoglio.
Los votos necesarios para aprobar la ley se lograron pues se archivaron numerosos expedientes cuestionados por el Poder Judicial y algunos legisladores como la recusación de jueces sin causa expresa y la exigencia de contracautela real (garantía económica) al iniciar acciones de amparo.
Además, se cajoneó el régimen de astreintes (sanciones pecuniarias a funcionarios públicos por el incumplimiento de mandas judiciales sólo si la parte lo solicita), y una ley de subrogancias.
En un comunicado, la Defensoría General de la Ciudad, expresó su satisfacción ante esta resolución, pues entendió que esos proyectos “ponían en cuestión la plena vigencia de los derechos humanos fundamentales en la Ciudad”, al posibilitar, por un lado, las recusaciones sin expresión de causa de jueces de primera instancia y de cámara.
A su vez, entendió que la propuesta de regulación de las medidas cautelares, tal como estaban planteadas en las propuestas de reforma actuales, “tornaba prohibitivas las acciones de este tipo en contra del gobierno local”.
“El desacuerdo y preocupación de esta Defensoría General por el carácter recesivo de dichos proyectos de reforma –argumentó el comunicado al que accedió DiarioJudicial.com quedaron plasmados en el documento que, oportunamente, el Defensor General (del Poder Judicial porteño), Mario Kestelboim, y la Defensora General Adjunta en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Graciela Christe, presentaron ante el Vicepresidente Primero de la Legislatura, Diego Santilli”.
Una vez promulgada, la ley incrementará la cantidad de fiscales contravencionales (que pasarán de 24 a 40) y de defensores del mismo fuero (de 16 a 24). Además, los 15 juzgados actuales del fuero Contencioso Administrativo pasarán a ser 24 y cada uno contará con dos secretarías. Se elevará de 2 a 4 el número de fiscalías y defensorías de primera instancia y se creará una nueva fiscalía de cámara.
Las modificaciones también prevén que tres juzgados contravencionales entiendan en casos de menores de forma rotativa.
El proyecto de modificación llegó al recinto con un despacho de la comisión de Justicia, que contó con observaciones de los diputados Juan Cabandié y Facundo Di Filippo. Además, existe un despacho de minoría firmado por Gonzalo Ruanova.