Carlos Andreucci
Presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados
Carlos Andreucci, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (F.A.C.A.), dialogó con DiarioJudicial.com en la sede que el organismo posee en Avenida de Mayo al 600. Rodeado por una gran cantidad de papeles habló acerca de los dos años de gestión al frente de la entidad y de su convencimiento acerca de que la “confianza” y la “credibilidad” sean pilares de la colegiación. Por otra parte, se refirió a la imagen que la ciudadanía posee de los profesionales y la calificó de “bifronte” pues “el ciudadano ante el primer tema de conflicto, pretende que un abogado lo asista, lo consulte y lo defienda” y a su vez “sigue teniendo una imagen de una persona de conflicto que tiende a, en vez de solucionar los problemas, generarlos”. De igual manera, se refirió a la Justicia como “herida” y a la necesidad de “un cambio de conducta” por parte del magistrado para lograr “una justicia democrática y no una justicia distante” en donde de alguna manera, algunos, se sienten “dioses lejos del pueblo al que tienen que servir”.
¿Como evalúa su gestión al frente de la FACA?
Nuestro balance nos indica una fuerte relación interna de los Colegios con la Federación. Son casi ochenta en todo el país y particularmente se está dando un fuerte crecimiento a partir de las regiones. Por lo tanto, aparece una fuerte presencia de colegios del interior que regionalizan sus representaciones y que asumen las temáticas propias de la región y las temáticas nacionales, por lo que existe una fuerte concientización. En segundo lugar, hay una apertura juvenil muy importante, que se incluye e integra en los colegios profesionales. Lo que presagia una presencia generacional en el corto plazo y que obliga a una participación coordinada en el modo en que estos jóvenes dirigentes se van integrando. Para lo cual, nosotros tenemos la comisión de la FACA joven. En el tercer tema aparecen cuestiones que son de preocupación y dedicación de la abogacía. Esto es, la educación legal, y la necesidad de una permanente capacitación para estar acorde a lo que la sociedad hoy esta reclamando de los jóvenes abogados.
¿Qué puede decirme acerca de la recertificación de los conocimientos para los abogados?
Nosotros hemos hecho un relevamiento a través del Estudio Nacional de la Situación de la Abogacía Argentina, un trabajo que hicimos y actualizamos junto con el centro de estudios Nueva Mayoría, con la coordinación de Rosendo Fraga. Allí dimos cuenta de la preocupación de los abogados, luego de graduados, de no acceder a una actualización permanente. Muchos abogados que no son jóvenes no han acreditado en el tiempo haber actualizado sus conocimientos, y por lo tanto vemos una cierta diferencia entre la necesidad social y lo que el abogado brinda. ¿Qué plantea hoy a FACA? Primero, una asunción de responsabilidades de las universidades y de las facultades de Derecho de que los contenidos curriculares tienen que cumplirse profundamente. Tenemos un seguimiento muy delicado sobre los centros de estudios a distancia, donde nos preocupa la calidad de la formación. Esto repercute en definitiva en la formación inicial del abogado y en la concientización de que debe seguir estudiando a fondo. Y por el otro lado, que las universidades son las que habilitan con un estudio académico, pero para poder ejercer tiene que inscribirse y matricularse en un colegio de abogados. Por lo tanto, uno de los puntos concretos que la FACA aprobó e impulsa en todo el país, es el curso único y obligatorio de iniciación profesional, con un contenido curricular a dictarse antes de que se matricule, de estrategias y contenidos profesionales que no se superponen con los contenidos universitarios para que el abogado sepa a que se va a enfrentar al comenzar en su profesión. Esto nos permite generar una marca FACA que certifica por dos años que ese abogado tiene una aptitud profesional adquirida por estrategias. Creemos que esto es un aporte concreto que supera la discusión entre sí la universidad si o no, o si es necesario un examen. La segunda fase de esto, la recertificación, es generar desde los colegios contenidos con contenidos académicos dar cursos de acreditación, que por el momento no se tornen obligatorios, pero que planteen un punteo para que vayamos rumbo a la búsqueda de mejores abogados.
Existen dos provincias en las que se puede ejercer la profesión sin matriculación, ¿cree que debe realizarse algún tipo de normativa a nivel nacional para lograr una homogenización de criterios al respecto?
Creemos que la situación es externa. Nosotros somos un país federal, el diploma nacional que entregan las universidades confiere aptitud de abogado a aquel que aprueba todas las asignaturas para serlo. Al ser federal, el poder de policía de las profesiones recae y se mantiene como reserva en cada una de las provincias o distritos incluyendo la CABA. Es así que en cada jurisdicción existen leyes que regulan como se controla el poder de policía profesional. La historia de la abogacía argentina, encuentra a la FACA, desde 1921, estimulando la transferencia del control profesional del Estado, a organizaciones que son descentralizadas, que son personas de derecho público pero no estatal; no tienen dinero ni estructuras del estado y cumplen fines públicos. Por lo tanto cada provincia fue desarrollando esa colegiatura, por lo que, esta línea de control profesional está transferida a las provincias y no permitiría ninguna ley única nacional que pueda uniformar los criterios. Lo que ha generado que cada provincia, en una tendencia mundial, y hoy la Argentina tiene la oportunidad de exhibir prácticamente un 100% de colegiación legal, que incluye casos como el del Chaco, que tiene caja de previsión social y tiene una ley de colegiación provisoriamente suspendida. Por lo que lo único que queda en el país es Santa Cruz, que en definitiva el control de matricula reside en el Poder Judicial, tal como se manejó históricamente en la Argentina. La realidad moderna en el mundo, es que el ejercicio del control profesional no se agota en los tribunales. Pues existe toda una actividad extraprocesal, mediación, conciliación, arbitraje que requiere también un control de matricula y deontológico que no lo podría hacer el Poder Judicial y que no le interesa hacerlo, por que es una tarea extra. Por lo que es una institución muy sólida y que se ha metido en la sociedad internacional, al extremo que la FACA desde hace cuatro años, tenemos una silla permanente en la OEA como representantes de la sociedad civil. También, está la Unión Internacional de Abogados, de la cual formamos parte, y tenemos una silla de representación en la ONU de la cual formamos parte como organismo de consulta en todos los temas jurídicos. Por lo que la colegiación no se agota en una idea estrictamente nacional.
Con respecto a la posibilidad de que los abogados argentinos puedan ejercer en los países limítrofes ¿Cuál es la opinión que tiene la Federación?
Nosotros venimos trabajando en este tema desde que el Mercosur se constituye. Para lo cual hemos construído varios espacios conjuntos. Primero, Colegios y Órdenes de Abogados del Mercosur (COADEM), un organismo de consulta en la región, que trabaja con todas las cancillerías de los países miembros y estamos avanzando, y ya estamos suscribiendo un convenio de cooperación con el Parlasur, donde la Argentina va a tener que elegir sus representantes diputados en la próxima elección del 2011. El Parlasur lo que va a hacer es uniformar legislaciones en la región. En ese trabajo de coordinación el ejercicio de la profesión aparece vinculado a la estructura de un sistema de Justicia. COADEM o MERCOSUR no tiene un sistema de judicial como sí lo tiene la CIDH de Costa Rica, que es un sistema judicial al que adscribió la Argentina. El tratado del Mercosur tiene un tribunal arbitral que resuelve las contiendas a instancias de que el estado miembro pleno presente la contiende. Ahora viene la segunda fase, que es la creación de la Corte de Justicia del Mercosur, en este sentido acompañamos la declaración de la cumbre de América de todas las Cortes de Justicia que se hizo en Buenos Aires, y ahora el Parlasur va a instalar este debate para tratar de reformar el tratado de Asunción. ¿Que abre esto? El ejercicio profesional regional, para esto tenemos en marcha la disposición 25/2003 que establece las equivalencias de los contenidos formativos de cada una de las profesiones para el ejercicio transitorio. Para poder lograr eso, hay que hacer un relevamiento de todos los contenidos formativos del profesional que va a circular en el Mercosur. En ese trabajo se encuentra la FACA, estamos coordinando en el marco de los ministerios de educación, para generar el documento final que nos logre establecer las equivalencias. Este es el trabajo de homogenización, que no es simple, pero que estamos trabajando en él.
¿Cuál es la percepción del papel del abogado por parte de la ciudadanía?
El papel del abogado tiene una imagen bifronte. Por un lado, el ciudadano ante el primer tema de conflicto, pretende que un abogado lo asista, lo asesore y lo defienda. Y por el otro, sigue teniendo una imagen de una persona de conflicto que tiende, en vez de solucionar los problemas, a generarlos. En definitiva, hay un sentimiento doble, porque el abogado está ligado al servicio de justicia, y como el servicio de justicia no esta dando los frutos que la gente espera, los abogados aparecemos involucrados en esto. Por lo tanto, tenemos que hacer un fuerte trabajo de concientización pública, de que la tarea de la abogacía no es sólo el ejercicio de un trabajo legítimo de quien se decida a esto, ya que la tarea del abogado es garantizarle a cualquiera que lo defiendan en sus derechos básicos. La idea de la defensa, de la consulta jurídica, de la oportunidad de evitar que los procesos no sean legales, justos. Tenemos que concientizar que el abogado no es un perturbador de la sociedad, sino que trata de pacificar, en el marco del derecho de la solución de conflictos. Sino caemos en que cada uno arregla el tema como puede, cada uno hace justicia por mano propia, lo que es retroceder en una etapa que la civilización ha ganado.
¿Y la imagen de la Justicia?
La imagen de la Justicia está hoy en la Argentina lesionada, por varias razones. La primera, existe el sentimiento ciudadano de que la política maneja a la Justicia, la fuerte invasión de la política sobre la justicia ha hecho que el 90% del promedio nacional, de acuerdo a un estudio que tenemos hecho, considere que los políticos manejan a la justicia. Esto es muy importante porque sospechamos que no son independientes los jueces y que están de alguna manera recortados en su libertad. Asimismo, si hay algún fallo que puede afectar al poder político de turno, los puede afectar a ellos [jueces] en su estabilidad. También esta herida la calidad de la Justicia y en los tiempos de respuesta, pues tengo la certeza de cuando entro en lo Tribunales, pero no cuando salgo. Hoy la Justicia no sólo son los tribunales, pues puede ser mediación, conciliación y arbitraje. Institutos que tienen que afianzarse en la educación popular porque en los tres casos, lo que esta en juego es la autocomposición del conflicto. El ciudadano que sufre una alteración por una contienda con otro puede saber que encuentre caminos para acordar con la otra parte una solución. La sociedad Argentina esta acostumbrada a que se lo diga el juez. Esto de que “iré a la Justicia hasta las últimas consecuencias” es porque nadie asume la posibilidad de declinar posiciones. Esa es la justicia que tenemos que mejorar, para que la autocomposición no sienta el ciudadano que es una pérdida del orgullo, o de su derecho, diciendo “si hubiera ido al juez hubiera ganado más”. La educación popular tiene que apuntar a la autocomposición.
¿Qué puntos puede mencionarme acerca de esta falta de calidad en la Justicia?
Es necesario un cambio de actitud de los que integran el Poder Judicial en cuanto al tema de la capacitación. El mismo problema de los abogados, repercute dentro de la Justicia. Tenemos que procurar un cambio de conducta para que se capaciten más allá del trabajo que todos los días hacen resolviendo causas. Hacen falta mejoras en los conocimientos, en la tecnología y en los valores éticos. ¿Cuál es un tema ético que cualquiera puede preguntarse? No recibir dádivas, no caer en prevaricato, no tener sobornos como una imagen grave de lo que sería la corrupción institucional, obviamente. Pero por el otro lado, hoy en los catálogos de la ética y la deontología judicial se incluye, cumplir el horario asignado, despachar de manera dirigente todos los trámites que tiene que hacer el que trabaja en tribunales y mañana, ya que es el lema de las voluntades moribundas. Un cambio de conducta, ser cordial. Tratar en igualdad al abogado, que es una pieza elementar del sistema de justicia sino no se podría mover el aparato judicial. Tener liderazgos pues no solamente tienen que dictar sentencias, sino dirigir grupos sociales; tener conciencia moral de la sociedad en la que están y a la que van a juzgar. Por lo tanto el cambio de conducta es una justicia democrática y no una justicia distante, de sentirse de alguna manera dioses lejos del pueblo al que tienen que servir. La idea de la Justicia como ética es que tienen que servir al pueblo y el juez es un funcionario con una calidad especial, y esto es un servicio. Lo que en muchos casos no se da ya que algunos se creen que tienen una investidura trascendente, y desde que están en el Poder Judicial pierden contacto o se divorcian de la realidad. Por otra parte, la tecnología no puede tener ninguna sustitución ya que el fallo sigue siendo una conducta humana. Otro dato, es el cambio presupuestario para que mejore la relación de dineros para que pueda en la Justicia argentina profundizar tecnología, sueldos dignos, capacidad de formación de RRHH; en definitiva hacer gestión. Hay una enorme judicialización de problemas, donde la falta de cumplimiento de las políticas públicas hace que el ciudadano vaya a reclamar salud, educación, seguridad. Todas las insatisfacciones que no esta el Poder Judicial para eso, las judicializamos.
En su discurso de asunción como presidente de la FACA usted dijo: “la colegiación es confianza, es credibilidad mutua” ¿lo sigue sosteniendo?
Estoy totalmente convencido de ello. El colegio le garantiza al abogado la independencia y la libertad. Si yo soy un ciudadano que necesita un abogado, y si este esta colegiado, el colegio va a proteger mi libertad porque está garantizando la libertad de ese abogado para que me defienda. El Estado de derecho tiene la misma garantía, entonces yo tengo credibilidad y tengo confianza porque lo vivo. En cada punto del país donde hay un conflicto institucional, los colegios de abogados se expresan y la ciudadanía confía en que la abogacía que hoy está dirigida de manera honoraria, porque todos los colegios del país tienen dirigentes ad honorem, no lucran. Lo que significa que se involucran por la vocación y la posición institucional no tiene otros intereses que sean aquellos que toquen a la gente, al pueblo y al Estado de derecho. La confianza y la credibilidad no parten sólo de la palabra, parten de la acción.