20 de Noviembre de 2024
Edición 7095 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 21/11/2024

Citaron a los jueces Aráoz De Lamadrid y Alicia Iermini

El juez federal Octavio Aráoz De Lamadrid fue denunciado por la Cámara Federal por no investigar la supuesta golpiza a un hombre por parte de la Policía en el marco de un allanamiento. Por su parte la jueza Alicia Iermini fue citada por su desempeño en la causa por el crimen de Walter Bulacio. La Comisión de Acusación del Consejo postergó el tratamiento de una denuncia presentada contra el camarista de Tucumán, Raúl David Mender.

 
En un día de intensa actividad para el Consejo de la Magistratura, la comisión de Disciplina y Acusación se reunió este jueves poco antes de las 13. Los consejeros decidieron citar al juez federal Octavio Aráoz De Lamadrid para el próximo 30 de diciembre a las 17 y a la jueza criminal de instrucción Alicia Iermini para el 11 de febrero del próximo año a las 13.30.

Según pudo averiguar DiarioJudicial.com la causa que se le sigue a Aráoz De Lamadrid surgió a partir de un allanamiento que el juez ordenó en el domicilio de un hombre en el Bajo Flores. Durante la requisa, la Policía habría golpeado al hombre y cuando este acudió a declarar al juzgado denunció aquella situación, pero el magistrado federal no inició actuaciones. La misma Cámara denunció al juez.

En tanto, Iermini fue citada por su desempeño en la causa por el crimen de Walter Bulacio

Además, los consejeros aceptaron, a pedido del consejero-juez Luis Cabral postergar el tratamiento de una denuncia presentada contra el camarista de Tucumán Raúl David Mender. Si bien el consejero-abogado Santiago Montaña propuso una sanción del 10 por ciento de sus ingresos, hubo consenso general para la aplicación de una sanción más leve.

Los consejeros también habían decidido multar al juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky con el 30 por ciento de sus haberes. Sin embargo, la consejera Diana Conti notó que se sancionó al magistrado pero no a la Cámara de Apelaciones, que incurrió en la misma falta. Al existir una apelación por parte del juez Skidelsky, el consejero Héctor Masquelet pidió la postergación del tratamiento.

Cerca de las 14 se presentó como testigo ante la comisión el ex fiscal de Bahía Blanca Hugo Cañón. El titular de la Comisión Provincial por la Memoria fue citado en una causa en la que fueron denunciados los jueces Néstor Montezanti (vocal de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca) y Alcindo Álvarez Canale (de primera instancia).

Ambos fueron denunciados por Eduardo Hidalgo por su desempeño en las causas por delitos de lesa humanidad que se juzgaron en esa ciudad del Sur de la provincia de Buenos Aires. El consejero instructor es Carlos Kunkel.

Cañón comparó dos juicios de la Verdad que tuvieron lugar en Neuquén y en Bahía Blanca. El primero ya tiene sentencia y el segundo aún “está en veremos”, como admitió el propio ex fiscal.

Cañón adjudicó parte de esa responsabilidad a Álvarez Canale que, según describió el ex fiscal, implementó todas las dilaciones posibles para no avanzar en las investigaciones. El magistrado fue además quien estaba a cargo del represor Julián Corres cuando este se fugó del penal donde estaba detenido. Allí, según dijo el ex fiscal, las puertas permanecían abiertas, los presos tenían celulares y televisores y recibían en lugares especiales a sus familiares.

“Un preso depende del juez”, dijo Cañón y advirtió que a Álvarez Canale (que en el momento de la fuga causalmente estaba de licencia) “no se le pudo haber escapado” el reo.

En relación con Montezanti, Cañon aseguró que el vocal de la Cámara “deterioró psicológicamente a la secretaria Araceli Hernández” y añadió que la Cámara Federal de Bahía Blanca tenía un “perfil militarizado”.

Cañón denunció que al vicepresidente de la Cámara, Luis Alberto Cotter, se le hizo un “vacío”. Describió que el hombre fue operado y le amputaron una pierna. Cuando regresó al tribunal con la pierna ortopédica le dijeron que no había recursos para comprar un banquito para que apoyar la pierna. Dijeron que era necesario pedir una partida presupuestaria.

“Hubo una suerte de espionaje interno” para con Hernández, dijo Cañón que relató que a la mujer le impidieron recibir al secretario general de la Asociación Permanente de Derechos Humanos (APDH). La consejera Conti recordó que, en su momento, circuló que Montezanti tenía vínculos con la Triple A y agregó que fue denunciado por sus alumnos de la Universidad del Sur. Según Cañón, Montezanti cerraba con llave el aula donde daba clases o amenazaba con que si sonaban los celulares, se iba de la clase.

Al cierre de esta edición la declaración de Cañón aún no había concluido.

Dos jueces que estaban citados presentaron sus descargos por escrito: fueron los magistrados Luis Alberto Schlegel y Alberto Baños. El primero fue denunciado por el actual jefe de Gabinete Aníbal Fernández en su época de ministro de Justicia.

Participaron de la reunión de la comisión los consejeros Conti, Montaña, Bunge Campos, Cabral, Candioti y Masquelet.



dju / dju
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