El Tribunal Oral Federal 2 de la Capital Federal reanudó este lunes el juicio a 17 represores de la dictadura acusados de crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención "Club Atlético", "El Banco", y "El Olimpo", dependientes del Primer Cuerpo de Ejército. En la audiencia, primera tras un breve receso por la feria judicial de enero, la secretaría del TOF2 leyó varios documentos para que sean incorporados como prueba al debate, que se lleva a cabo en la planta baja de los tribunales de Comodoro Py. Se prevé que en enero sigan los testimonios. Los alegatos serían en febrero y para marzo posiblemente se conozca la sentencia que dictarán los jueces Ana María D´Alessio, María Laura Garrigós de Rébori y Jorge Alberto Tassara. Entre los acusados figuran Raúl Guglielminetti, Samuel Miara, Oscar Augusto Rolón, Raúl González, Eufemio Jorge Uballes, Eduardo Emilio Kalinec, Roberto Antonio Rosa, Juan Carlos Falcón, Luis Juan Donocik, Ricardo Taddei, Julio Simón, Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui, Juan Carlos Avena y el capitán (r) Enrique José Del Pino.
Fueron citados para este jueves
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera, citó a los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas a declarar el próximo jueves. Rivera y los ministros del Máximo Tribunal le preguntarán a los oficiales sobre la expulsión del país del mandatario depuesto, Manuel Zelaya, quien fue secuestrado y trasladado a Costa Rica el junio de 28 del año pasado. Dos días antes, la Corte de Honduras había emitido la orden de captura y allanamiento contra Zelaya, acusándolo de “traidor a la patria”. La Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas la integran el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, generales Romeo Vásquez y Venancio Cervantes; y los jefes del Ejército, Miguel Ángel García Padgett; de la Fuerza Aérea, Luis Javier Prince; de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez, y el inspector general de las Fuerzas Armadas, Carlos Cuéllar. La Constitución de Honduras prohíbe la expatriación de sus ciudadanos. Los oficiales están acusados por los delitos de abuso de autoridad y expatriación. Zelaya, quien desde el 21 de septiembre pasado está refugiado en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, consideró que, con este caso, el Ministerio Público pretende “poner un manto” a la verdad y darles “impunidad” a los militares.
La inclusión participativa es una forma de reconocimiento
El próximo miércoles 13 de enero se llevará a cabo sorteo de Conjueces en los autos caratulados: “Comunidad Mapuche Catalan y Confederación Indígena Neuquina c/ Provincia del Neuquén s/ acción de inconstitucionalidad”. El sorteo se realizará en la sede del Registro de la Secretaria de Demandas Originarias del T.S.J, ubicado en Alberdi N° 52, 3er. Piso de la ciudad de Neuquén. En la acción iniciada por la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Neuquina contra la Provincia del Neuquén, se solicita la inconstitucionalidad de la Ley Provincial N° 2.439 –norma que declara como Municipio de Tercera Categoría a Villa Pehuenia- y del Decreto 02/2004. Ello ya que consideran que la decisión de crear el municipio se realizó en forma inconsulta, lo que provocó que las comunidades mapuches afectadas se vieran incluidas en el padrón electoral con obligación de concurrir a votar, sin haber expresado su voluntad al respecto. Violando así el artículo 53 de la Constitución Provincial, y el artículo 75 inc. 17 de la Carta Magna Nacional, en donde ambas leyes coinciden en propiciar la integración de los pueblos indígenas existentes, respetando sus diferencias socio-culturales. Lo que se logra “mediante la integración participativa de las comunidades aborígenes en la vida nacional”.
La piratería no es chiste
El Gobierno español aprobó una nueva regulación contra la piratería en internet. Para evitar que la lucha contra la piratería derive en límites administrativos al libre uso de la redEspaña se opt´p por la solución judicial. Así será un juez de la Audiencia Nacional el que decida si se bloquea un sitio a pedido de la Comisión de Propiedad Intelectual. Como condición previa al cierre, se deberá dar a los afectados su derecho a réplica en un plazo de cuatro días. Falta todavía designar a quienes compondrán esa comisión y cuál será el reglamento que regirá las actuaciones. Este nuevo enfoque del problema por parte del gobierno de Zapatero luce más racional que el primer proyecto del Ejecutivo español, al dejar atrás los riesgos de tener una ´policía de internet´ que posiblemente acusada de invadir la intimidad y coartar la libertad de expresión. La ministra de Cultura española, Ángeles González-Sinde, insistió en que solo se cerrarán webs y nunca blogs.