El juez federal Norberto Oyarbide rechazó este martes el pedido de detención domiciliaria realizado por Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza. Para acceder al beneficio, la imputada había argumentado el último viernes que tiene a cargo el cuidado de su hijo menor de cinco años. Bellone está procesada con prisión preventiva, por ser considerada a priori integrante de una asociación ilícita destinada a la comercialización de remedios adulterados. Por esa misma causa están procesados y detenidos Juan José Zanola, secretario general de la Asociación Bancaria; Paula Aballay, secretaria administrativa del Policlínico Bancario y pareja de Zanola; Claudio Ferrari, tesorero del Policlínico Bancario, y Néstor Lorenzo, dueño de Droguería San Javier, entre otros.
Le aceptaron la renuncia al juez que reivindicó a Primo de Rivera
Este martes se oficializó la renuncia de Eduardo Vocos Conesa como juez de la sala II de la Cámara Civil y Comercial de la Capital Federal. El magistrado fue noticia por haber reivindicado, en un obituario publicado tras la muerte de Mohamed Alí Seineldín, a José Antonio Primo de Rivera (político fascista español fundador de la Falange). “Que Dios te de el eterno descanso y a nosotros nos niegue ese descanso hasta que sepamos ganar para la Patria la cosecha que siembra tu muerte” decía aquel obituario dedicado a Seineldín. Obituario que bastó para que Vocos Conesa posea dos denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura (denuncias que seguramente ya no continuaran pues el juez renunció antes de ser posiblemente destituido), una presentada por el legislador Juan Cabandié y otra por la Asociación de Abogados de Buenos Aires. En el 2005 el magistrado ya fue apercibido por el Consejo de la Magistratura tras insultar a una representante de una organización de Derechos Humanos durante el juicio a su colega, el juez de Salta Ricardo Lona, por haber cerrado la investigación del asesinato de 12 personas en el operativo “Masacre de Palomitas”. La dimisión fue aceptada mediante la publicación en el Boletín Oficial del decreto 34/2010 que lleva la firma de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del Ministro de Justicia, Julio Alak.
La Suprema Corte bonaerense ordenó analizar los autos oficiales antes de su compactación
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió que previo a la compactación de autos del Poder Judicial “será necesario contar con un informe de los peritos oficiales que determinen que el vehículo se encuentre en estado de desuso”. La medida fue tomada porque el mes pasado un informe de la Subsecretaría de Servicios Jurisdiccionales señaló que algunos autos se encuentran en un “estado general bueno” por lo que su compactación sería “un dispendio económico”. Un decreto resolvió que los autos en desuso debían ser destruidos tras 12 años. Así, el Máximo Tribunal dispuso que “se dispondrá por resolución fundada la baja del o los vehículos que no se encuentren en condiciones de rodar, con el objeto de que se proceda a su compactación”.