Aunque desde el oficialismo italiano expresan que el proyecto posee por objetivo impedir que los juicios sean eternos, desde la oposición al gobierno de Silvio Berlusconi, plantean que no es más que una nueva ley a la medida de los intereses del primer ministro italiano.
En cuanto al proyecto, este establece que en los procesos por delitos que pueden ser castigados con una condenada máxima de 10 años, en un plazo máximo de dos años tiene que haber una sentencia de primer grado, que como mucho pueden pasar otros dos años para que los jueces dicten una sentencia de segundo grado y que la tercera e inapelable sentencia tiene que ver la luz en un periodo de otros dos años. Agregando que, si en alguno de esos tramos se superara el límite establecido, el juicio se dará por anulado para siempre.
“Su prioridad ha sido, Gobierno tras Gobierno, servir a un interés privado: para hacerlo no han tenido miedo de romper en pedazos nuestro sistema legal; y nunca han mostrado ninguna vergüenza”, dijo Anna Finocchiaro, senadora del Partido Democrático (PD) de centro-izquierda, mientras hacía referencia al proyecto denominado “proceso breve”. Ello pues de aprobarse el proyecto contribuiría a finalizar, por efecto retroactivo, dos juicios por corrupción y fraude fiscal contra Berlusconi.
Además, cerca de cien mil juicios, entre ellos varios juicios por bancarrota fraudulenta, también podrían ser revocados sin que los afectados, en general pequeños ahorristas, puedan recuperar el dinero perdido.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) de ese país, a través de la voz de su secretario general, Giuseppe Cascini, sostuvo que con la media sanción se produce “la rendición del Estado ante la criminalidad. Nosotros tenemos el deber de denunciar la gravedad de las consecuencias de esta ley”.
A lo que agregó que “el presidente del Gobierno sigue teniendo un escaso sentido de las instituciones, usando expresiones injuriosas hacia los magistrados. Para reaccionar a esta supuesta persecución judicial, la mayoría (parlamentaria) y el Gobierno deciden destruir toda la Justicia penal en Italia”.
No obstante aclaro que el mal principal es realmente