El abogado Eduardo Barcesat denunció penalmente al Jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, y a su ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, por “actos preparatorios” del presunto delito de torturas. Es por la compra de las pistolas Taser X26 para que sean utilizadas por la Policía Metropolitana. La denuncia recayó ante el juez federal Claudio Bonadío. En ella Barcesat aludió al “carácter de instrumento de tortura de esas pistolas, gravemente lesivo de la integridad de la persona, humana”. Asimismo mencionó normas constitucionales que prohíben los tormentos, tratados internacionales de derechos humanos y artículos del Código Penal que reprimen con hasta 25 años de prisión al funcionario público que impusiere “cualquier forma de tortura”.
La Justicia quiere que se integre el Tribunal de Defensa de la Competencia[fallo completo]
La sala A de la Cámara en lo Penal Económico consideró que obligar a Telecom Italia a desinvertir en la empresa, tal como lo había decidido la Secretaría de Comercio "tiene un claro sentido sancionatorio". Por ello dijeron que la medida no puede ser dispuesta por ninguna autoridad sin permitir el derecho de defensa de la empresa que resulta sancionada. La Secretaría de Comercio Interior había decidido la desinversión por considerar que se generó una situación de virtual monopolio en el sector de las comunicaciones a raíz de las transacciones celebradas en el 2007 "entre distintas entidades constituidas en el extranjero por medio de las cuales fue adquirido el paquete accionario de la que era dueña de una participación en el capital de Telecom Italia, sociedad esta última que tiene el control de la sociedad anónima constituida en nuestro país Telecom Argentina". El fallo no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión ni dice si hay o no monopolio, tal como entiende el Gobierno, pero hace hincapié en que las empresas involucradas tienen derecho a hacer su descargo. El fallo lleva la firma de Edmundo Hendler y Nicanor Repetto, mientras que el tercer integrante del Tribunal, Juan Carlos Bonzón Rafart, votó en minoría avalando la postura de la Secretaría de Comercio. En el fallo se le pide a la Corte que inste al Gobierno a que integre el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, el organismo que debe aplicar y controlar el cumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia.
Fueron denunciados por la compra de 2 millones de dólares por diputados de la CC [texto completo]
Los diputados por la Coalición Cívica Juan Carlos Morán, Juan Carlos Vega y Elsa Quiróz denunciaron este miércoles a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su marido y ex presidente, Néstor Kirchner, por supuesto enriquecimiento ilícito a partir de la compra de 2 millones de dólares en octubre de 2008. La operación fue confirmada este martes por el actual diputado en un correo electrónico remitido al periodista Víctor Hugo Morales. La presentación recayó en el juzgado federal de Claudio Bonadio e intervendrá el fiscal Gerardo Di Masi. La denuncia se basa en la “información privilegiada” sobre el mercado cambiario que tendría Néstor Kirchner -a quien definieron como “conductor político del Gobierno Nacional”-, a través de la primera mandataria. Los diputados solicitaron al juez que investigue si los Kirchner cometieron el delito de enriquecimiento ilícito tipificado por el artículo 268 bis del Código Penal, que reprime con “reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública” al funcionario que “con fines de lucro utilizare para sí o para un tercero informaciones o datos de carácter reservado, de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo”. Los diputados propusieron como testigo al ex presidente del Banco Central Martín Redrado.
La Cámara Federal confirmó que ex funcionario y su hijo continuarán pesos en la causa por la mafia de los medicamentos
La Cámara Federal confirmó que el ex encargado del Banco de Drogas del Ministerio de Salud, Roberto Loiácono, y su hijo Fernando seguirán presos en la causa por la “mafia de los medicamentos”. La Sala II de la Cámara confirmó el rechazo de la excarcelación de los Loiácono, procesados por el juez federal Norberto Oyarbide como miembros de una asociación ilícita y fraude. La Cámara consideró que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación su padre e hijo quedan en libertad. En tanto, el tribunal hizo lugar a la presentación de los procesados para que la Cámara Nacional de Casación Penal revise sus pedidos de excarcelación.
El fin justifica los medios
Un hacker anónimo ofreció a las autoridades alemanas los datos secretos de unos 1.500 posibles evasores fiscales con cuentas en Suiza. La canciller teutona, Angela Merkel, admitió que su Gobierno debería hacer todo lo que esté a su alcance para obtener la información. Por su parte las autoridades suizas advirtieron a Alemania sobre la inconveniencia de esta transacción que pone en riesgo el famoso secreto bancario suizo y las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Por su parte el ministro alemán de finanzas Wolfang Schaeuble acompañó la postura de Merkel reafirmando la intención de obtener esa información incluso en forma ilegal. Aludió a una situación similar ocurrida en el 2008 cuando el gobierno alemán compró información de evasores fiscales a un banco de Liechtenstein.