El diputado Nacional por la Alianza, e integrante del Consejo de la Magistratura Melchor Cruchaga, atribuyó a "sectores conservadores y retardatarios de dentro y fuera del Poder judicial" las criticas contrarias a las resoluciones de ese cuerpo colegiado.
Cruchaga, advirtió que "no se debe buscar intencionalidad política" a la decisión de suspender y elevar al jury el caso del juez federal de Córdoba Ricardo Bustos Fierro, quien habilitó al presidente Carlos Menem a disputar una nueva reelección para ocupar la primera magistratura.
"El Consejo sufrió muchos embates. Hay sectores conservadores y retardatarios dentro y fuera del Poder Judicial que se resisten al cambio", señaló Cruchaga durante el transcurso de un reportaje exclusivo que le concedió al Diario Judicial".Por otra parte, y ante una consulta, advirtió el legislador que "la diferencia de la gestión de Menem y la que comienza ahora es que va a haber una justicia con otra imagen y una realidad diferente de la que reinó en estos años".
Diario Judicial: ¿Al crearse el Consejo de la Magistratura, perdió protagonismo la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados?
Melchor Cruchaga: Perdió competencias importantes, porque el juicio político tradicional, el que contemplaba la Constitución vigente hasta 1994, incluían el juicio político a lo que se denomina en la Constitución, tribunales inferiores. Es decir los juzgados federales y nacionales de primera y de segunda instancia, que a partir de esa fecha son competencia del Consejo de la Magistratura y el juzgado de enjuiciamiento. Lo que resta de la competencia de la Cámara de Diputados de la Nación son exclusivamente los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los miembros del gabinete nacional. Al asumir el Consejo de la Magistratura el juzgamiento del mayor universo de casos, los jueces nacionales y federales son aproximadamente 870 magistrados que son analizados por el Consejo y el jurado de enjuiciamiento. La competencia de juicio político en la Cámara de Diputados está limitada a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que son nueve miembros, más el Presidente y vicepresidente de la Nación, más los integrantes de un gabinete, modelo de 10 ministros más un jefe de gabinete, que son aproximadamente 20 funcionarios. En consecuencia se supone que puede haber mayor trabajo, si se tiene un universo de 900 funcionarios para examinar sus conductas en el Consejo de la Magistratura contra apenas 20 de la Cámara de Diputados de la Nación.
Dju: ¿Cómo evalúa el proceso de remoción de jueces que hasta el momento ha impulsado el Consejo?
MC: El primer caso de suspensión de la Comisión de Acusación fue el del ex juez Ruda Bart, que no prosiguió por la renuncia del mismo. El segundo fue el de la jueza federal Morris Dloogatz, que fue suspendida y acusada ante el jurado de enjuiciamiento y la información que tenemos es que renunció al cargo. Otra acusación fue contra el juez federal Víctor Brussa, quien también fue suspendido y el expediente se encuentra en el jurado de enjuiciamiento. La última acusación fue contra el juez federal Bustos Fierro. Hubo cinco acusaciones de la Comisión de Acusación, cuatro que llegaron al plenario que fueron materia de debate y de estas tres pasaron al jurado de enjuiciamiento, y de esta manera tenemos en este balance con la renuncia de la doctora Morris Dloogatz, dos expedientes en trámite en el jurado de enjuiciamiento.
Dju: ¿Porqué se lo suspende al doctor Bustos Fierro?
MC: Por la gravedad de las faltas y porque es facultad del Consejo de la Magistratura desde el primer caso que fue el de Morris Dloogatz, el segundo Víctor Brussa y el tercero que fue Bustos Fierro. El Consejo de la Magistratura consideró que se encontraron las condiciones para suspenderlo en el ejercicio del cargo y que se sustancie la investigación en el jurado de enjuiciamiento.
Dju: Algunas opiniones vertidas sobre este caso fueron que se ponía en peligro el Poder Judicial, porque se acusaba a un juez no por su conducta personal sino por un dictamen.
MC: No. Eso es un temor infundado en la agrupación que nuclea a los jueces y magistrados nacionales, sacaron un comunicado en ese sentido, y una parte de la representación de los jueces en el Consejo de la Magistratura, también dijo que no se puede juzgar a los jueces por el contenido en la sentencia y esto significa un grueso error por parte de los que piensan de esta forma. En el caso concreto del juez Ricardo Bustos Fierro no se lo acusó por una opinión jurídica que puede haber tenido en una resolución judicial. Hubo mal desempeño, falta de independencia, o pérdida de independencia y además un desconocimiento de la ley suprema de la nación. Es decir es un caso de gravedad institucional, como así también fue en su momento evaluado por la Cámara de Diputados de la Nación. El juicio político fue requerido por diversas entidades, entre ellas el Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, entidad creada por ley, y no me imagino que ni la Cámara de Legisladores con una amplísima mayoría y un arco político muy variado o el Colegio Público de Abogados con unanimidad haya solicitado juicio político de un juez simplemente por una opinión en la sentencia. Quiere decir que hay algo más. Se registró pérdida de independencia de un juez y en este caso concreto una grosera violación de la Constitución, un desconocimiento de la supremacía constitucional y puso en jaque al sistema Constitucional Argentino con esa suspensión de la Constitución. Hay razones constitucionales para haber formulado la acusación como se hizo y haber solicitado la suspensión.
Dju: Se evalúa que el Consejo de la Magistratura le imprime un ritmo a los procesos donde predominan aspectos políticos. ¿Es así?
MC: No. Sólo un marciano puede hacer circular un rumor de esa naturaleza. Cuando me refiero a marcianos, es porque desconocen los fallos, la orientación y la composición del Consejo. Como marcianos por el momento no hay, es una opinión mal intencionada dirigida a jaquear el Consejo de la Magistratura que ya sufrió diversos embates. Hay sectores muy conservadores y retardatarios dentro y fuera del poder judicial que se resisten al cambio. De ninguna manera acepto que se hagan revanchas políticas porque solamente analizando quiénes votaron a favor del juzgamiento y de la remoción del juez Bustos Fierro, se observa que la totalidad del cuerpo de abogados que han sido elegidos por los abogados de todo el país, dos catedráticos elegidos por las universidades argentinas, un representante de los jueces que con un voto muy lúcido acompañó la acusación por entender que el juez había perdido independencia y si le sumamos a la representación política que no fue de la Alianza, exclusivamente, sino plural. Votó el senador Antonio Romero Feris que no es de la Alianza, y votó el legislador Branda que responde al partido justicialista, en consecuencia a quienes originaron estos comentarios les contestamos por este medio que elijan argumentos de mejor envergadura porque éste argumento no vale nada.
Dju: ¿Fue un "pase de factura" del oficialismo, entre duhaldistas y menemistas, más la Alianza que votó a favor de la suspensión?
MC: De cualquier manera si bien el voto de Branda no fue decisivo, el mismo explicó que lo hizo a conciencia y ya venía señalando la debilidad de la cuestión argumental que tuvo Bustos Fierro. Por otra parte el propio compañero del Partido Justicialista y presidente del Bloque, el senador Augusto Alasino, si bien no concurrió a la sesión, en una disidencia dejó marcada esta misma diferencia. No se debe buscar intencionalidad política en la acusación de Bustos Fierro sino que es una actitud política del juez, absolutamente dependiente del poder como lo señalé en la acusación, y fue tan grosera su intervención en una interna del partido justicialista como tan visible el desconocimiento del derecho constitucional argentino. Es inadmisible decir que se terminó o fue un capítulo de la interna Menem-Duhalde, ya que ningún estamento por sí solo por el número en el Consejo de la Magistratura puede decidir una interna de esta naturaleza. La mayoría de los votos provienen de los sectores que no tienen nada que ver con esta interna, y fue muy buen fundada por consejeros que no tienen militancia política.
Dju: Cambiando de tema, ¿usted es autor del aumento de penas para la portación de armas?
MC: Compartí el dictamen, no soy el único autor. Fue aprobado en la Comisión de Legislación Penal más allá de la modificación completa del Código Penal, la direccionalidad está en respuesta a un incremento de la violencia de los delitos que se cometen con armas de fuego. En consecuencia, es apropiado incrementar en un tercio las penas de esos delitos que se cometen con armas de fuego más allá de los que específicamente están tipificados en el Código Penal. Tienen una calificación propia del uso de las armas de fuego. En este caso se amplía y se penaliza. Un juez puede utilizar una escala de las penas, que si esto se convierte en ley implica el aumento de un tercio de las penas que se deban aplicar en delitos cometidos con la utilización de armas de fuego por parte de los delincuentes.
Dju: ¿Puede considerarse que esta es la respuesta de la futura gestión De la Rúa a la ola de delitos?
MC: Responde a una situación objetiva no se resuelve con un aumento de penas, porque llegando a un extremo podríamos decir que si ponemos lisa y llanamente la pena de muerte para todo el mundo entonces desaparecería el delito que es un absurdo. En algunos momentos es necesario adecuar las leyes penales y el cuantum de la pena porque hay que dar una respuesta por la excesiva violencia que se registra, la proliferación de las armas de fuego, ya sea por los calibres civiles como los denominamos armas de calibre mayor. Creo que exigían una respuesta como la que hemos brindado desde la Comisión de Legislación Penal y fue aceptada por la Cámara de Diputados hace pocos días. El tiempo dirá si esta decisión del Congreso, limita la violencia callejera. Otros pasos de eliminarla en el ámbito de la seguridad urbana es saber si se puede ir limitando la aparición de armas de fuego aunque sean adquiridas en forma lícita. Es un debate que en Estados Unidos lleva varias décadas. Aquí deberían comenzar un debate no tanto en Tribunales sino en la sociedad sobre si se debe admitir tantas armas de fuego, aún las que están registradas.
Dju: ¿En qué se diferencia el actual titular de la cartera de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y Gil Lavedra, futuro ministro de Justicia?
MC: La diferencia de la gestión Menem, y la que comienza ahora, es que va a haber una justicia con otra imagen y una realidad diferente de la que reinó en estos anos. Me refiero a la alta politización que tuvieron las designaciones de los jueces y la dependencia política de un sector del Poder Judicial hacia el Poder Ejecutivo. La justicia que viene va a tener mayor poder, mayor independencia, el compromiso de hacer valer la ley, luchar contra el delito la corrupción, e impartir justicia libre de toda presión. Creo que Gil Lavedra tiene carrera en la justicia y es conocedor de la materia.
Dju: ¿Cómo es el servicio de justicia en la Argentina?
MC: Hay desconfianza en la gente hacia la justicia argentina. Las encuestas arrojaron resultados muy negativos. Primero el descrédito de la gente en la justicia en general, y se hablaba de importantes porcentajes, un 80 o 90 por ciento. Otro resultado de un 50 por ciento de los encuestados cree que la corrupción está enquistada en el Poder Judicial. Son señales muy fuertes y significa que hay una crisis que hay que remontar. Tampoco se puede decir que todos los jueces están politizados. Tiene que ver con cuestiones de corrupción, lo que sería un dislate y no se puede generalizar. Si creo que la justicia tiene falencias muy fuertes, de todo tipo y pienso que la justicia puede brindar un servicio muy devaluado. Visualizo caminos de salida a la crisis. En lo que se refiere a tipo de juez y requisitos de idoneidad es por la actuación del Consejo de la Magistratura. La separación de aquellos jueces que no tienen idoneidad es por la participación del Consejo en la acusación y del jurado de enjuiciamiento en la remoción. Para el gobierno que asume el 10 de diciembre, hay una idea de modernizar los procesos, tanto civiles como penales, porque la justicia tardía no es justicia.