La denuncia que instruye Conti fue presentada por el dirigente peronista Juan Mussa tras la absolución, por parte de Oyarbide, del matrimonio Kirchner que estaba acusado del delito de enriquecimiento ilícito. La denuncia que instruye Sanz en cambio fue iniciada el año pasado por Federico Figueroa y Mario Fenzel.
En la próxima reunión de la comisión de Disciplina y Acusación también se prevé el tratamiento de una denuncia de 2008 contra el juez federal de Bell Ville, Oscar Valentinuzzi. En esa causa, Conti pidió la citación del magistrado en tanto el consejero-académico Mariano Candioti propuso la desestimación.
Este jueves también se analizará una denuncia presentada contra el juez de Ejecución Penal, Axel López. En la última reunión, fue desestimada otra denuncia en su contra.
Otros expedientes que serán revisados son las denuncias contra los jueces Alberto Ize, Mirta Lidia Ilundain, Horacio Liberti, Silvia Tanzi, Eliseo Rubén Otero y Gerardo Santicchia (subrogante).
En la orden del día también aparecen dos denuncias iniciadas por el líder de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato. Ambas son contra camaristas federales. El sindicalista cuestionó a María Beatriz Fernández (Resistencia) y a Néstor Montezanti (Bahía Blanca).
La comisión de Disciplina y Acusación también tiene previsto tratar el proyecto de desestimación in límine de la denuncia contra los jueces mendocinos Walter Bento y Julio Demetrio Fernández Petra. Conti, que preside la comisión, recomendó la desestimación in límine.
Para las 13.30 está previsto que se presente la jueza de instrucción Alicia Iermini, que entiende en la causa por la muerte de Walter Bulacio, detenido por la policía antes de entrar a un recital en el estadio Obras Sanitarias en abril de 1991.
El expediente 295 fue iniciado en 2008 por el entonces ministro de Justicia Aníbal Fernández para echar luz respecto de la “actuación” de los más de 30 jueces que tuvo la causa por la muerte de Bulacio.
Ese mismo año, Fernández anunció que el Estado argentino iba a cumplir con las exigencias impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a donde llegó el caso Bulacio a instancias de su familia, el CELS y Correpi, que la patrocinan.
En 2004, la Corte Suprema de Justicia declaró a la muerte del joven de 17 años como crimen de lesa humanidad, lo que la tornó imprescriptible. Sin embargo, el comisario Miguel Angel Espósito, titular de la comisaría de Nuñez que ordenó el operativo en Obras, continúa en libertad.