“El reducir inconsulta, e injustificadamente el presupuesto presentado conforme a la ley, impide el normal funcionamiento y provoca una intromisión ilegítima a un poder del estado provincial, actitud que resulta reprochable”, sostuvo la entidad que nuclea a los jueces de las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de todas las provincias.
A través de un comunicado, la JUFEJUS anunció que el tema “se hará conocer” conocer a la Comisión de Independencia creada en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidida por la vicepresidenta del Máximo Tribunal, Elena Highton de Nolasco, y la ministra Carmen Argibay.
El conflicto se inició el año pasado cuando la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la ley 805 de presupuesto para el 2010. En esa norma, dictó la reducción de 40 millones de pesos para los gastos del Poder Judicial.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Tierra del Fuego dictó este mes la acordada 2/2070 por la que declaró la inconstitucionalidad de la ley ya que “afecta el funcionamiento mismo de este Poder del Estado”.
El Máximo Tribunal reconoció la facultad del Poder Legislativo para reducir el presupuesto pero sostuvo que Asimismo expresan que “ningún fundamento se expresa para reducir el presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 2010, advirtiéndose que una suma sustancialmente similar a la detraída al Poder Judicial ($ 40.000.000), incrementa el presupuesto del Poder Ejecutivo, sin fundamento ni explicación alguna”.
La ley también contiene dos artículos que desde la Justicia califican como un congelamiento de los haberes de los jueces.
La JUEFEJUS respaldó a la Justicia fueguina y sostuvo que la decisión de reducir el presupuesto “importan un avasallamiento injustificado a su Poder Judicial, vulnerando la independencia de un departamento de gobierno”.
Con su promesa de llegar hasta la Corte Suprema, la entidad agregó que “la independencia de los jueces es un pilar esencial del estado de derecho y que no debe ser afectada bajo ningún motivo”.
La resolución de la Junta está firmada por su presidente, el juez de la Corte Suprema de Santa Fe Rafael Gutiérrez, y su secretario de Asuntos Institucionales, el magistrado del Máximo Tribunal de Río Negro Víctor Sodero Nievas.