En una resolución elevada al presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, Hector Di Tella, los jueces denunciaron la grave crisis por la que atraviesan sus juzgados; sostuvieron que aproximadamente el 20 por ciento de los mismos se encuentran vacantes y estimaron que en los primeros seis meses de este año se sortearon 62.175 causas en primera instancia, por lo que en diciembre la cifra treparía a 136.567.
"La situación de la primera instancia es ya de colapso, pese a la dedicación que en conciencia entendemos haber puesto hasta el limite humanamente posible para el decoroso servicio de justicia, como también lo han hecho los funcionarios y los agentes de la primera instancia, la mayoría de los cuales ciertamente desde hace años trabajan cotidianamente más horas que las reglamentarias", expresaron.
Asimismo, hacen mención especial a la labor de los meritorios "sin los cuales sería imposible atender las mesas de entradas, muchos de los cuales hace más de un año desempeñan esforzadamente tareas ad honorem lo cual se ha convertido ya en un serio cuestionamiento ético al sistema".
Es por ello que los jueces advierten que "ni el cuerpo profesional de la mejor calidad de cualquier incumbencia puede realizar adecuadamente sus tareas en permanente crisis sin limite de tiempo".
El pronunciamiento fue firmado los jueces Carlos Ferraron, Gerardo Vassallo, Norma Di Noto, Rodolfo Herrera, Juan Manuel Cabello, Juan José Dieuzeide y Carlos Alberto Villar.
Ante la grave crisis por la que atraviesan sus juzgados, los jueces reclamaron que se adopten medidas similares a las puestas en práctica por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y la de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, disponiendo que hasta tanto se adopten "las medidas estructurales necesarias, se limite el ingreso de causas por juzgado a 1500 anuales.
Proponen también que se le solicite a la Corte Suprema "que disponga una feria judicial no menor a treinta días para reorganizar las tareas de los juzgados", y que se profundicen medidas respecto a la informática y a la situación de los meritorios.
Por último reclamaron que "se insista en requerir ante los órganos constitucionales competentes la urgente adopción de las medidas estructurales ídoneas para la eficaz prestación del servicio de justicia".
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