“La CIDH insta al Estado guatemalteco a maximizar sus esfuerzos para investigar estos crímenes, esclarecerlos judicialmente y juzgar a los responsables materiales e intelectuales”, reclamó el organismo
“Asimismo, la Comisión Interamericana hace un llamado al Estado de Guatemala a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para la debida protección de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país. La CIDH espera recibir información relevante sobre esta situación en la audiencia sobre Situación de los Derechos Humanos en Guatemala, que se realizará durante el 138 Período de Sesiones de la Comisión, en marzo próximo”, agregó.
Las críticas de la comisión llegaron con las noticias que desde comienzo de año fueron asesinados tres hombres y una mujer. Todos militaban como abogados en organismos de derechos humanos. El primer crímen ocurrió el 13 de enero y la víctima fue Evelinda Ramírez Reyes, Presidenta del Frente de Resistencia en Defensa de los Recursos Naturales (FRENA) de Retalhuleu.
El 11 de febrero, Germán Antonio Curul fue secuestrado por desconocidos y tres días después fue encontrado “degollado y con señales de tortura”, informó la CIDH. Por último, seis días después fueron asesinados Octavio Roblero, también integrante del FRENA, y Juan Antonio Chea, abogado indígena maya, colaborador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA) y del programa Nacional de Resarcimiento (PNR).
La CIDH sostuvo que “los actos de violencia y otros ataques contra las defensoras y los defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad y sume en la indefensión a todas aquellas personas para quienes trabajan”.
Y recordó que “la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia”.