El Máxmo Tribunal, a través de un comunicado, le pidió al Gobierno que se mida. Lo hizo con la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Carmen Argibay y Raúl Eugenio Zaffaroni, resaltando la necesidad de recurrir al diálogo institucional. Así reaccionó la cabeza del Poder Judicial ante los últimos discursos de Cristina que impactaron de lleno en ese poder del Estado. El comunicado emitido puntualiza textualmente:“Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha promovido el debate público acerca de las decisiones de los jueces como una política de estado tendiente a mejorar su transparencia y comprensión por parte de los ciudadanos.Que el límite de esas críticas es la razonabilidad y el respeto a la garantía de la independencia judicial que esta Corte está obligada a preservar como cabeza de un Poder del Estado.Que por esta razón, exhortamos a quienes tienen responsabilidades de gobierno, a expresarse con mesura y equilibrio, porque respetar la magistratura es la mejor manera de dar tranquilidad a los ciudadanos, de asegurar que sus derechos serán protegidos y que estamos en un estado gobernado por leyes que se aplican a todos por igual.Que asimismo el Bicentenario de la fundación de la Nación es una buena ocasión para reafirmar los objetivos del Preámbulo de la Constitución, que demanda afianzar la justicia y la paz social para todos los argentinos, para lo cual resulta indispensable recurrir al diálogo institucional". La presidente, por su parte, hizo declaraciones rechazando el comunicado. "Mesura suena a censura" dijo.
Resolución del Consejo de la Magistratura
La Comision de Selección del Consejo de la Magistratura de la Ciudad amplió en un cargo el concurso 37/09 convocado para cubrir dos fiscalías vacantes ante la Justicia de primera instancia en lo Contencioso Asministrativo y Tributario. Además, a través de la resolución 6/2010, firmada por la consejera María Teresa del Rosario Moya, se informó que el jurado para dicho concurso estará integrado por Raúl Gustavo Ferreyra, Domingo Sesín, Mabel M.L. Lovecchio, María Serrano y Claudio M. Kiper.
Los acusan de divulgar “secretos de Estado”
La ministra de Defensa, Nilda Garré, y la plana mayor del Ejército fueron denunciados este martes por dos abogados que los acusaron de “violación de secretos de Estado” por la “irresponsable publicación de listados de personas supuestamente involucradas en tareas de inteligencia” durante la última dictadura militar. Los abogados Carlos Tórtora y Enrique Piragini, en representación de la ONG Argentina Recupera Idoneidad En Libertad (ARIEL), cuestionaron el accionar del Jefe de Inteligencia del Ejército, César Milani; del Secretario General del Ejército, Hugo Bruera; del Jefe del Estado Mayor General del Ejército; Luis Pozzi y de Garré por la publicación de “4300 nombres, de los cuales 1599 corresponden a agentes civiles de inteligencia (PCI) y 345 a militares” en una publicación semanal de amplia circulación. Tórtora y Piragini solicitaron a la Cámara que efectué el sorteo para designar un juzgado que investigue “la posible existencia de distintos delitos de acción pública”.
Llamaron a concurso para cubrir dos cargos de defensores
La Defensoría General de la Nación convocó a concurso público de antecedentes y oposición para cubrir los cargos de Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, en Tierra del Fuego, y de Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca. El período de inscripción es desde este lunes 8 de marzo hasta el 5 de abril próximo, ambos días inclusive. Los formularios de inscripción se pueden obtenerse en el sitio web oficial www.mpd.gov.ar, en la Secretaría de Concursos de la Defensoría General, en la Defensoría Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia, o en la Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires debería expresar su posición
La Asociación de Abogados Judíos también repudió la visita a Irán de Luis D´Elía y su esposa, la legisladora Alicia Sánchez. El dirigente de la entidad, Rodrigo Luchinsky, se sumó así al vicepresidente de la AMIA, Angel Barman; a Sergio Burstein, miembro de la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado a la AMIA y el propio fiscal, Alberto Nisman, en las críticas por la cuestionada visita. El dirigente piquetero y su esposa fueron invitados a Teherán como parte de los festejos por el aniversario de la Revolución Islámica de Irán, lo que fue calificado como "vergonzoso" por Burstein y como "una provocación" por Barman. Por su parte, el abogado Rodrigo Luchinsky hizo hincapié en el carácter de legisladora de la esposa de D´Elía: "el cuerpo al que pertenece debería separarla o como mínimo expresar su claro rechazo" a ese publicitado aval, recordando que una funcionara pública argentina no puede auspiciar con su presencia, la manifiesta intención de no colaboración de las autoridades iraníes en el esclarecimiento del atentado. El encuentro con imputados prófugos de la Justicia es algo que debería preocupar a las autoridades. El ex presidente Néstor Kirchner y la presidente Cristina Kirchner, apoyaron reiteradamente la hipótesis de la Justicia argentina de investigar la responsabilidad de Irán en el atentado. En los discursos dados ante la ONU señalaron a la república islámica por su falta de colaboración con la investigación.