Joaquín Da Rocha
Procurador del Tesoro de la Nación
El procurador del Tesoro de la Nación, Joaquín Da Rocha, abre los brazos como queriendo abarcar a todo el organismo. “Es el mayor estudio jurídico de la Argentina, nada menos”, describe. Y razones no le faltan. La Procuración tiene 298 empleados, de los cuales el 40 por ciento son abogados, y brinda asesoramiento a los 60 servicios jurídicos del Estado, como la ANSES y la AFIP.
La Procuración comenzó a funcionar en 1863 y Da Rocha es el cuatrigésimo cuarto titular del organismo, en el que asumió el 1 de febrero pasado. La entidad es el cuerpo de abogados del Estado y en ese rol cumple diversas funciones: interviene directamente en las causas de relevancia institucional o trascendencia económica (actualmente lo hace en la Ley de Medios); brinda asesoramiento a la Presidenta de la Nación y a todos los organismos del Estado que se lo pidan; también audita el trabajo de los abogados estatales y hace auditorias de las causas.
Una de las funciones que desde el 2001 ha tomado una importancia central son los juicios contra el país en el extranjero, principalmente en el CIADI. Actualmente hay radicados 28 juicios contra los 50 de 2002. “La mayoría son reclamos de empresas porque entienden que han sido tratados de una manera inadecuada” y también de bonistas, explica Da Rocha.
El flamante procurador recibió a Diariojudicial.com y defendió las apelaciones que el Estado está obligado a hacer en las causas por jubilaciones y la actuación jurídica del Gobierno en las causas judiciales por los DNU para usar reservas federales. Al respecto, el Procurador sostuvo que el uso de esos fondos ayudarán a mejorar la situación del país en los juicios en el extranjero, pero señaló que los jueces en lo Contencioso Administrativo Federal que aceptaron las cautelares actuaron con “falta de meditación sobre el tema”.
“Que un juez de los cientos de magistrados federales que hay tome esta decisión tiene que ser realmente objeto de una profunda meditación”, sostiene.
El Procurador también criticó a la Corte por el fallo “Ramos” en el que el Máximo Tribunal condenó al Estado a indemnizar a un empleado que estuvo 21 años bajo la sucesiva renovación de contratados de trabajos. “Teóricamente me parece muy bien que se regularice la situación de la gente, que tiene que ver con el derecho laboral. También hay contratados en el Poder Judicial porque lo primero que tendría que hacer la Corte es no admitirlo internamente. Es un contrasentido que digan eso y no lo apliquen”, opinó Da Rocha.
La discusión sobre la reforma al Consejo de la Magistratura también fue parte de la entrevista ya que Da Rocha integró el cuerpo durante cuatro años en representación del Poder Ejecutivo (durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner) cuando era de 20 miembros. “El Consejo de la Magistratura esté bien hecho, con esta participación más amplia, y sobre todo la representación política, porque sino vamos a caer en los casos de España e Italia donde la mayoría son jueces”, afirmó.
¿En qué fueros están radicadas las mayorías de las denuncias contra el Estado Nacional?
Lo principal que tenemos son dos fueros: Contencioso Administrativo Federal y Seguridad Social, el más importante en cuanto a número de causas. Cualquier fallo de Seguridad Social que haga a mejorar la situación de un jubilado se multiplica respecto a todos los que estén en la misma situación. Por ahí tiene un costo de dos pesos, pero eso es multiplicado por dos millones de personas. Esos son los dos en los que más trabajamos directamente. Por supuesto que en Penal Tributario la AFIP se presenta con sus abogados y no intervenimos normalmente en eso. En el interior la mayor cantidad de juicios se da en la Justicia Federal, que también comprende los fueros Contencioso Administrativo federal y Seguridad Social.
¿Y cuál es la temática que genera mayores juicios?
En Seguridad Social hay una importante que es las actualizaciones que piden los abogados en función del valor del dinero y de los que están en actividad. En el interior del país lo más importante es una cantidad de gente perteneciente a las Fuerzas Armadas que ha iniciado juicios respecto de las cantidades que no aportan a la jubilación del sueldo para que se le reconozca la totalidad o también el aumento de los sueldos. Respecto a montos económicos, los juicios más importantes son los que están en el exterior sujetos a laudo arbitral.
El Estado en materia de jubilaciones está obligado por ley a apelar los fallos adversos. ¿Esta de acuerdo o debe modificarse?
El Estado tiene la representación de toda la sociedad. Si usted me pide que le lleve un juicio y yo le digo que no vale la pena apelar un fallo, le solicito como abogado que me firme la conformidad de no seguir el proceso. Pero ¿cómo hago yo para preguntarle a la sociedad argentina, a quien representa el Estado, si tengo que apelar o no?. Por otra parte, darle ese poder a un abogado, que son miles y son apoderados del Estado, se puede prestar a malos entendidos, a situaciones de no poder trabajar de ese abogado o, mucho peor, se puede pensar que no ha actuado correctamente. Entonces, tiene que apelar; ese es el sentido de la apelación.
Muchos critican que el Estado atenta contra el jubilado que no reclama cifras millonarias…..
El Estado tiene que representar a ese jubilado y a los 40 millones de personas que viven en el país. El Estado ha llegado a arreglos cuando son genéricos. Por ejemplo, temas de derechos humanos o de los ex combatientes de Malvinas. Allí normalmente el Estado saca una ley. Además, también se debe verificar la situación que la persona denuncia y no tener por válido aquello que le está manifestando.
¿Se podría buscar una reforma legislativa intermedia entre apelar todo y no recurrir nada?
Depende en qué situación. Cada caso tiene sus particularidades. Por ejemplo, las actualizaciones que tienen los jubilados teóricamente tienen razón. Ahora, si de un día para el otro condenaran al Estado argentino a pagar lo que ellos reclaman con o sin razón caemos de nuevo en default. De cuatro millones de jubilados esto representara una mejora para cada uno de ellos de mil pesos, estamos hablando de cuatro mil millones de pesos. Y eso puede ser reconocido de forma retroactiva, por dos años, por ejemplo, estamos en los 100 mil millones de pesos.
¿Qué opinión le merece el fallo “Ramos” de la Corte Suprema de Justicia sobre la estabilidad laboral de los empleados contratados sucesivamente por el Estado?
Teóricamente me parece muy bien que se regularice la situación de la gente, que tiene que ver con el derecho laboral. Hay que corregirlo, pero como en el caso de los jubilados no se puede hacer de un día para el otro. La conversión de todos los empleados contratados a planta permanente supone un costo muy grande y tendría que haber una norma general de regularización. También hay contratados en el Poder Judicial. Lo primero que tendría que hacer la Corte es no admitirlo internamente. Es un contrasentido que digan eso y no lo apliquen. Mucho peor, yo trabaje para que desaparecieran los meritorios y decía que eran –y así lo escribieron en Diariojudicial.com alguna vez– esclavos porque no les pagaban, no estaban inscriptos en ninguna lado y no tenía ART ni servicio que le cubriera. Hoy en día hay en el Consejo de la Magistratura y en la Administración de Justicia, de la Corte para abajo, gente contratada.
¿Con este fallo de la Corte esperan que haya muchas demandas de este tipo?
Supongo que van a aumentar o traer otra consecuencia negativa: que se tienda a no darle continuidad a los contratos.
¿Cuáles son los temas principales y los avances que le gustaría concretar en su gestión?
La pregunta es prematura porque acabo de cumplir dos meses en el cargo. Primero, darle o mantener el prestigio que esto tiene. Me interesa establecer relaciones con todos los tribunales y todos los sectores de la administración pública como para hacer lo más eficaces y útiles a ellos. Ya hemos hecho un convenio con el ANSES y otro que tenemos en preparación con la SIGEN y con la Cámara de la Seguridad Social; todo para favorecer la tarea de cada uno de nosotros. Segundo, darle un gran vuelo a lo que son nuestras representaciones en el interior, que están un poco dejadas a la mano de Dios. Tenemos en todo el país ocho cámaras federales y decenas de juzgados federales y en cada lugar hay juicios del y contra el Estado. El sueño sería que a través de la buena conducta de la Argentina, sobre todo a partir del nuevo del canje de la deuda, disminuir sensiblemente los juicios o los arbitrajes que tenemos en el exterior.
Respecto a los juicios que el Estado tiene en el extranjero, ¿el uso de las reservas federales va a beneficiar a la Argentina en esos pleitos?
Absolutamente, absolutamente. Fíjese lo que ha ocurrido con el solo anuncio del plan de canje respecto a los bonos: subieron, el riesgo país ha bajado notablemente. Imagínese cuando se concrete esto y haya mucha gente que seguirá siendo acreedora, pero se le ha reconocido el valor de su inversión y el tiempo en que se le va a pagar. Y otros se sentirán movidos a hacer inversiones en la Argentina.
¿Desde el punto de vista jurídico se hizo algo mal en el caso de las reservas federales?
No, se hizo lo que se tenía que hacer. Había una discusión política sobre si se debió haber habilitado el Congreso para pedir eso o no. Lo que se buscó fue utilizar esos fondos, sobre todo en el segundo decreto, que mejoró el primero, donde se consignó expresamente a qué deuda se refería que iban a ser canceladas.
¿Qué opinión tiene de la actuación de los jueces del fuero Contencioso Administrativo federal sobre las reservas y el DNU de aplicación?
La impresión general que me dio fue de falta de meditación sobre el tema. La medida cautelar es absolutamente excepcional, tiene que estar muy bien fundada y no tiene que tener ningún perjuicio respecto de la persona para la cual se la toma, y acá a la República Argentina le causaron un perjuicio. Que un juez de los cientos de magistrados federales que hay tome esta decisión tiene que ser realmente objeto de una profunda meditación. No es un embargo, sino que paralizó la economía del país. Esto es lo que más me preocupa, que no haya habido la tranquilidad y el tiempo para estudiar el tema. Además, como dijeron los fallos posteriores, hacer lugar a medidas de personas que no tenía legitimidad para hacerlo (NdA. diputados y senadores nacionales). Acá me parece que hubo, de alguna manera, una intromisión judicial en la administración del Estado que le corresponde al Poder Ejecutivo. Es como el caso de la ley de medios. Allí se suspendió la norma diciendo que el procedimiento no ha sido regular y es clarísimo que la sanción de una ley le corresponde al Congreso de la Nación.
¿El cargo de procurador del Tesoro lo considera más político o técnico?
Es esencialmente técnico porque el procurador no puede ser cualquiera ya que tiene que ser un abogado. Es el único cargo dentro del Poder Ejecutivo que requiere la calidad de abogado. Por eso tiene una faz eminentemente técnica, pero por supuesto que tiene el sentido político de tener que defender al Estado y no al Gobierno, porque parecería que es al Poder Ejecutivo, y nosotros estamos llevando un juicio en el CIADI por un tema de una empresa con el Consejo de la Magistratura de la Nación. Antes que nada somos abogados del Estado y si viene otro poder a consultarme yo le voy a contestar en la medida que pueda. Cuando decimos el Estado estamos hablando de un Estado que tiene una cierta tendencia. No es lo mismo un Estado gobernado por gente progresista o conservadora. Entonces, en esto de alguna manera es político y dictaminar jurídicamente es político como lo son los fallos de la Corte en el sentido que cambia las situaciones de relaciones entre la gente en un Estado. No son políticos partidarios pero cuando dice este señor tiene derecho a esto o el aborto se justifica o no esta cambiando la vida de la gente, entonces es político. Pero enmarcado dentro de la juridicidad de la que no podemos salir.
En esa juridicidad y en el sentido político del cargo, ¿a veces es difícil conciliar los intereses?
No, porque siempre usted tiene dos caminos. Uno cree que hay uno que es mejor que el otro, lo cual no quiere decir que le quite razones al que opina de manera contraria. Pero yo tengo además que responder al interés del Estado entonces ahí voy a tomar el camino que más beneficie al Estado.
¿Qué opinión tiene sobre la reforma que se está discutiendo al Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo que usted integró cuando era de 20 miembros?
Entre 2003 y 2004 colaboré en la redacción de un proyecto de reforma al Consejo, siendo miembro. Cómo funciona hoy, no lo puedo decir porque no estoy. Pero sí le puedo decir cómo funcionaba cuando yo estaba: no funcionaba bien. Sostuve que había que disminuir el número de los miembros. En mi proyecto yo suprimía la presencia de la Corte Suprema y sigo sosteniendo que es muy válido haberlo hecho. No sirvió y no se puede estar presidido por otro órgano que de alguna manera compite por las áreas de administración. Hoy en día quien administrativa es la Corte Suprema, y la Constitución Nacional dice que es el Consejo. Esto es un hecho escandaloso porque por necesidad, no se de qué poder, hoy está administrando quien no debería. La Corte había transferido al Consejo varias dependencias y ahora me entero que todo ha vuelto a manos del Máximo Tribunal. La Corte se ha convertido en administradora siendo que debería ser juzgadora. Otra de las cosas, y acá el oficialismo al que pertenezco no me apoyaría, es que no ha dado resultado la representación directa de senadores y diputados porque ellos tienen otra tarea mucho más importante que es la propia. Creo que se podría designar a un representante y en el caso de los jueces, por supuesto, que se tomen licencia. Hay otras cosas para mejorar, que yo hice otra propuesta y no salió, y era hacer concursos sin una vacante previa. Todos sabemos que hay 110 jueces civiles nacionales, sabemos que se va un 10 por ciento por año. Si lo sabemos, ¿por qué no tengo preparado el concurso?, o concursos que tengan una validez extendida. Me parece bien la propuesta de los exámenes orales. Y hay que prestarle más atención a la denuncias contra los jueces. Para mí el Consejo de la Magistratura está bien hecho, con esta participación más amplia, y sobre todo la representación política, porque sino vamos a caer en los casos de España e Italia, donde la mayoría son jueces. Entonces un gobierno de los jueces hacia los jueces y se siguen cometiendo los mismos errores. Las auditorias se hicieron para que alguien de afuera vea cómo hace usted las cosas. Es bueno que un poder que no es de origen popular, que no está integrado de manera popular desde sus bases que por lo menos desde arriba alguien lo mire con un criterio de afuera y lo maneje.