DiarioJudicial.com habló con la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) quien opinó que “no hubo debate en la comisión, entre los diputados”. Y destacó que luego de las reuniones plenarias informativas, sólo se realizó una reunión de diputados. Por eso, la legisladora dijo que el dictamen de mayoría “no fue concebido en el seno de las comisiones”.
Para Donda, el dictamen que buscar elevar al recinto la oposición es “un espejo invertido del actual Consejo de la Magistratura”. Y agregó: “no vamos a firmar cualquier cosa sólo por ser oposición”.
Más allá de las diferencias políticas, Donda hizo mención a las diferencia concretas entre los proyectos. En primer lugar, criticó la decisión de poner al presidente de la Corte Suprema como presidente del organismo. “Si hay un juez de la Corte este debe ser elegido por votación”, sostuvo.
La diputada de Libres del Sur opinó que la propuesta de “mayoría” habla de pluralidad, pero no especifica esa pluralidad en lo que es la representación de los legisladores, razón por la cual “no está garantizada la tercera minoría”.
“No hay una apertura a la sociedad civil y a otros sectores académicos cuya mirada debe ser valorada”, agregó.
En la iniciativa presentada por Alcira Argumedo, integrante del interbloque de Proyecto Sur, se expresa claramente la participación de sectores académicos y científicos, que además de provenir de las facultades de derecho, también provengan de otras ramas como humanidades, ciencias sociales y políticas de las universidades públicas nacionales. Así como los científicos del CONICET.
En este sentido, choca con la propuesta “mayoritaria” en cuanto a las competencias del consejo consultivo o comité asesor. Ello pues las competencias de este consejo, punto que había aceptado incorporar al proyecto impulsado desde sectores de la oposición encabezados por Gil Lavedra, fueron incorporadas como “no vinculantes”.
Esto no convence al interbloque Proyecto Sur. Así lo expresaron mediante un comunicado en el que sostienen que “la elaboración de una ley para reformar el Consejo de la Magistratura, requiere de un amplio y riguroso debate parlamentario en las comisiones pertinentes, de modo tal que la elección y control de quienes desempeñan el poder judicial no quede a merced de eventuales intereses que no representan la soberanía popular”.