Durante la jornada se escucharon diferentes posturas. Eugenio Burzaco, jefe de la Policía Metropolitana, sostuvo que “desde la Policía apoyamos el progreso de transferencia” ya que ello “permite consolidar nuestro rol auxiliar a la Justicia” y dar “un paso más a la autonomía de la Ciudad”. Antes de ceder la palabra, mencionó un tema que luego atravesaría los discursos de todos los disertantes: “transferencia con recursos” dijo.
A su turno, Daniel Presti, subsecretario de Justicia de la Ciudad, expresó que “este procedimiento ya no puede pararse” y que “tarde o temprano, esté quien esté, va a transferirse la Justicia Nacional a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires”. En esa misma línea se expresó el juez Marcelo Vázquez. “El traspaso es inexorable”, sostuvo.
Más allá del final del “camino”, en el que todos concuerdan, Presti explicó que el proceso es “largo y sinuoso” producto de “intereses enfrentados en el orden político que no tendrían porque estar”. “Estamos en diferentes escalones de negociación” pero que desde su posición quieren “que se cumpla lo que dice la Constitución” ya que “hay un interés superior que es la autonomía”. “La intención es firmar el convenio lo antes posible” sentenció.
Luis Cevasco, Fiscal General Adjunto de la Ciudad dijo: “yo me planteaba por qué los habitantes de la ciudad de Buenos Aires no tienen decisión sobre sus leyes procesales, ni sobre la remoción o selección de sus jueces, fiscales, etc”. También se pronunció en igual tono Alejandro Slokar, Defensor General Adjunto de la Ciudad. “En términos de Justicia, la Ciudad de Buenos Aires es prácticamente una ciudad ocupada”, dijo.
Luego entraron al debate los diputados nacionales Ricardo Gil Lavedra (UCR), Diana Conti (FpV), Gustavo Ferrari (Peronismo Federal) y Laura Alonso (PRO). El ex ministro y actual presidente de la Comisión de Justicia en Diputados sostuvo que “el camino es la trasnferencia a través de convenios” ya que “hacerlo de manera absoluta trae enormes conflictos”.
Por su parte, Ferrari apoyó también el método de la transferencia progresiva y dijo que si se concreta el traspaso, la Justicia local tendría unas 76.396 nuevas causas, sin contar las que tienen que ver con la corrupción. Ese punto está mencionado en el nuevo convenio, que hace hincapié en los delitos en los que están vinculados funcionarios de la Ciudad (falsa denuncia, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, prevaricato, etc).
Además de hablar sobre de las transferencias de los delitos penales, Presti fue mucho más allá y planteo el traspaso en los casos de familia. Y dejo un interrogante flotando: “¿Qué hacemos con las personas detenidas?”. “Estamos preparados para recibir todas las competencias posibles”, respondió Cevasco. Y agregó: “es más, estamos preparados para todas”. Slokar, en la misma línea, planteó la necesidad de elaborar una ley de ejecución penal de la Ciudad.
Más allá de las posturas, de las discordancias entre los poderes, como lo sostuvo durante la jornada Julio Di Giovanni, integrante del Consejo de la Magistratura, actualmente hay una situación de “optimismo en cuanto a la facultad de jurisdicción de la ciudad”. El tiempo, y las negociaciones, dirán cuál es el final.