Asimismo, Presti le dijo a DiarioJudicial.com que para arribar a un acuerdo como el existente se trabajó conjuntamente desde hace un año. A pesar de ello, el acuerdo todavía no tiene la rúbrica de los representantes de los poderes Ejecutivos de la Nación y de la Ciudad. “No tengo ninguna certeza en cuanto a las fechas” expresó, aunque aclaró que “hoy hay buena predisposición de Nación”.
“Estuvimos trabajando bastante tiempo, por lo menos un año, y llegamos a este punto, entiendo que se tendría que firmar” dijo. Y agregó: “mi aspiración es que sea lo antes posible”.
Ante la pregunta sobre si la Justicia porteña se encuentra preparada para recibir estas nuevas competencias, el subsecretario porteño fue contundente: “Está más que preparada”. “He recorrido y charlado con muchos de los jueces de primera instancia, con camaristas y están todos en condiciones, tanto de capacitación y conocimiento como de organización” sentenció.
El traspaso progresivo de competencias penales de la Nación a la Ciudad no es un tema nuevo. Desde la reforma de 1994, momento en que se declaró la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la ciudad, se comenzó con un traspaso progresivo.
En diciembre de 2000, se firmó el primer convenio, ratificado por la ley nacional 25.752 y Ley de la Ciudad N° 597, y en junio del 2004 se rubricó el segundo convenio, ratificado por Ley Nacional Nº 26.357 y Ley de la Ciudad Nº 2.257. En este último se traspasaron el juzgamiento de determinadas conductas que se encuentran relacionadas a materias en las que la autoridad local posee atribuciones que constituyen manifestaciones concretas de su poder de policía.
Ahora, con el tercer convenio, se traspasarán 27 delitos, entre los que se encuentran: lesiones leves, duelo, delitos de los funcionarios públicos contra la libertad individual; amenazas coactivas; violación de domicilio por parte de un funcionario público o agente de la autoridad; estafa en el supuesto específico de la estafa procesal; defraudación en perjuicio de la administración pública; creación de situación de peligro por participación en prueba de velocidad o destreza con vehículo automotor; atentado o resistencia a la autoridad y desobediencia y falsa denuncia de delitos.
También se traspasarán los delitos de usurpación de autoridad, títulos y honores; abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; violación de sellos y documentos; cohecho y tráfico de influencias; malversación de caudales públicos; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exacciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; prevaricato ; denegación y retardo de justicia; falso testimonio; evasión de la detención; favorecimiento de la evasión de la detención o de la condena; quebrantamiento de pena; falsificación de sellos, timbres y marcas vinculados con la administración pública; actos discriminatorios (Ley Nª 23.592) art. 2°; e impedimento de contacto de menores con el padre no convivientes (Ley Nº 24.270).
En el borrador del acuerdo se sostiene que el Ministerio de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Ciudad realizarán los acuerdos necesarios para reglamentar la colaboración de las fuerzas de seguridad y del Servicio Penitenciario Federal con la Justicia y el Ministerio Público porteño para llevar adelante el convenio.
El convenio destaca que ahora puedan ser los propios jueces de la ciudad los que juzguen a los funcionarios públicos de ésta, “motivo por el cual el traspaso de delitos como la violación de domicilio por parte del funcionario público o agente de la autoridad o abuso de autoridad (…) redundará en un fuerte mejoramiento del servicio de justicia” consigna el texto al que este medio tuvo acceso.
Sólo resta que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de gobierno, Mauricio Macri, firmen el convenio, que luego deberá ser ratificado tanto por el Congreso de la Nación como por la Legislatura porteña.