Camus declaró en el marco de la causa iniciada por el abogado Rodolfo Yanzón contra los camaristas federales de Mendoza Alfredo López Cuitiño y Julio Petra Fernández (ambos integrantes de la Sala A) y contra el ex juez Carlos Pereyra González.
La denuncia ante el Consejo, que data de 2008, fue por la falta de mérito dictada el 18 de septiembre de 2003 por Petra Fernández y Pereyra González (López Cuitiño votó en contra) sobre el sargento del Ejército Osvaldo Martel, acusado por los delitos de tormentos agravados en concurso ideal con lesiones leves en perjuicio de Camus.
La mujer narró que fue detenida el 25 de noviembre de 1976 y alojada en el penal de Chimbas. Ante los consejeros Diana Conti, Héctor Masquelet y Luis Bunge Campos señaló además que por ese entonces era estudiante de la carrera de Sociología y resaltó que su abuelo, Eloy Camus, era gobernador de San Juan y también fue detenido. “Le repetían a uno que estaba en manos de ellos y que ellos podían hacer lo que quisieran”, ilustró.
La actual jueza de Garantías contó que durante su encierro la golpearon, la patearon, la torturaron y la hicieron participar en dos simulacros de fusilamiento.
Camus dijo que identificó el rostro del sargento Martel porque en una oportunidad, durante su detención, le hicieron escribir, junto a otras presas, un texto para una supuesta pericia caligráfica. Fue una de las pocas oportunidades que le quitaron la “capucha”. Describió a Martel como “alto, pelado y con bigotes” y añadió que el hombre “iba permanentemente al penal”.
A cuatro meses de su detención, en marzo de 1977, Margarita Camus fue trasladada a un juzgado federal para prestar “declaración indagatoria” por la supuesta confesión, que firmó “encapuchada” y con una pistola que le apuntaba en la cabeza.
“Fue la primera vez que vi a una autoridad judicial” en todos esos meses, señaló Camus y aseguró que le contó al juez sobre las torturas que padecía en prisión y por eso tuvo “expectativas” de que cesaran los castigos. Sin embargo, la respuesta del magistrado fue una “cara de desagrado”. Seis meses después, en septiembre de 1977, fue trasladada al penal de Devoto.
Masquelet le preguntó por qué creía que los camaristas federales mendocinos denunciados liberaron a Martel (junto a otros militares y policías). La actual jueza lo vinculó con su ideología, y enfatizó: “Sentí que cuando los sobrevivientes declaramos se nos descalificó”. La mujer narró que en 1987 y tras declarar ante un tribunal militar, la Cámara Federal de Mendoza se constituyó en San Juan para tomar declaración a los testigos.
Margarita Camus, que antes de ser jueza actuó como abogada en los Juicios de la Verdad, añadió que “los camaristas federales de Mendoza no son de fácil acceso y no es simple tener una audiencia con ellos”. En Mendoza no hay actualmente militares detenidos por delitos de lesa humanidad. Todos fueron excarcelados.
Al finalizar la declaración, los consejeros Bunge Campos y Masquelet se acercaron a saludar a la jueza Margarita Camus, que luego se fundió en un afectuoso abrazo con la diputada K Diana Conti.