El documento, dado a conocer esta semana, destacó que un tercio de los lugares donde se aloja a los niños privados de su libertad no son especializados (son los mismos sitios donde están detenidos los adultos) y criticó las 12 sentencias de prisión perpetua a chicos registradas en el país, aunque reconoció que desde el año 2002 no hubo más condenas. Igualmente, recomendó que la nueva normativa penal juvenil prohíba su aplicación.
Por ese tema, en marzo del año pasado se realizó una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que la Defensoría General de la Nación reclamó una resolución para un caso en que 3 menores de edad habían sido condenados a prisión perpetua y desde hacía 16 años estaban detenidos en cárceles de máxima seguridad.
El informe señaló a la provincia de Buenos Aires como aquella en la que los niños y jóvenes sufren más la violencia institucional, las torturas y otros tratos crueles y degradantes. Enfatizó que entre 2007 y 2009 se registraron 120 denuncias contra la Policía y otras fuerzas de seguridad en ese distrito.
El Comité advirtió acerca de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en las instituciones de salud mental y expresó que los niños y niñas con problemas psiquiátricos permanecen internados en estas instituciones por períodos prolongados de tiempo, incluso luego de la obtención del alta médica.
En relación con los casos de suicidio de adolescentes durante su detención en institutos, el Comité de la ONU instó a la Argentina a “adoptar medidas eficaces para prevenirlos” y pidió “llevar a cabo un amplio estudio sobre las causas de las lesiones auto-infligidas y suicidios”.
Si bien el documento destacó la sanción, en 2005, de la Ley de Protección Integral de los Derechos de niños, niñas y adolescentes (26.061), indicó que aún no se implementaron algunas de sus prescripciones, tales como la Defensoría de los Derechos del Niño.
El informe también tuvo palabras duras para con el accionar del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y dijo estar preocupado por la falta de un enfoque sistemático para la recopilación de datos, que impide la disponibilidad de información fiable y transparente.
Entre los avances para la protección de niños, niñas y adolescentes en el país, el Comité de la ONU, que encabeza Agnes Akousa Aidoo (Ghana), destacó el “sustancial aumento de la inversión social registrado desde 2002” y elogió la implementación de la Asignación Universal por Hijo al tiempo que ponderó la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522).