Cinco ONG’s cuestionaron la iniciativa de un grupo de diputados peronistas (kirchneristas y no kirchneristas) que impulsan un jury en Jujuy contra los jueces que fallaron a favor de la implementación de la ley de cupo femenino en esa provincia. Dijeron que el juicio político implica un “avasallamiento de la independencia del Poder Judicial”.
El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y las Mujeres en Igualdad (MEI) consideraron que la decisión de un grupo de legisladores de Jujuy de promover un juicio político contra los jueces que fallaron a favor del cupo femenino implicó “avasallar la independencia del Poder Judicial”.
A fines de mayo, los jueces Luis Morales, Benjamín Villafañe y Silvia Maurin, integrantes del Tribunal en lo Contencioso Administrativo, ordenaron a la Legislatura y al Ejecutivo aprobar y reglamentar una ley de cupo femenino, para cargos electivos y partidarios, al hacer lugar a un amparo de un grupo de mujeres y varones.
Así, el 8 de junio los legisladores provinciales del Frente para la victoria –que responden al gobernador Walter Barrionuevo- y los del Peronismo disidente acordaron impulsar el jury contra los jueces al alegar “conductas incompatibles con el desempeño de sus funciones constitucionales”.
Desde las ONG’s señalaron que “la iniciativa de promover un juicio político por el mero desacuerdo con las decisiones judiciales, o porque éstas resulten antipáticas -o aun incorrectas- a criterio de los legisladores, es incompatible con la vigencia de los principios de independencia judicial y de tutela judicial efectiva”.
Natalia Gherardi (ELA), Gastón Chillier (CELS), Gustavo Maurino (ACIJ), Monique Altschul (MEI) y Álvaro Herrero (ADC) sostuvieron que en el fallo los miembros del Tribunal “no hicieron otra cosa que buscar un remedio para la clara violación constitucional existente en la provincia de Jujuy, en la que el mandato del artículo 37 y la cláusula transitoria segunda de la Constitución Nacional lleva más de 15 años sin ser efectivizados”.
Y añadieron que, como expresó la Corte Suprema en múltiples ocasiones, “el Poder Judicial tiene la potestad y el deber de remediar tanto acciones positivas inconstitucionales como estados de cosas violatorios de la Constitución que sean el resultado de omisiones legislativas”.
Las ONG’s firmantes enfatizaron que “de prosperar la promoción del Jury de Enjuiciamiento, éste funcionaría como una clara amenaza a todo juez o jueza provincial que entienda que una violación constitucional deba ser remediada por la Legislatura de la provincia”.
Subrayaron que “la afectación de la independencia judicial y de la vigencia del principio de tutela judicial efectiva serían, en ese escenario, manifiestas”.