La comitiva fue encabezada por el relator Rodrigo Escobar Gil, que mantuvo reuniones con el Ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak; la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco; y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Hilda Kogan, entre otras autoridades.
La CIDH dio cuenta que, al mes de marzo y según información oficial, había 30.132 internos en los centros de detención, de los cuales 4.040 se encontraban recluidos en “centros policiales”. Además, sostuvo, siempre según las cifras oficiales, que el 61 por ciento de los presos no tiene sentencia en firme aunque esa cifra llega al 70 por ciento según las estadísticas que aportaron las ONG.
La Relatoría de la CIDH consideró “preocupante” el uso “abusivo” de la detención preventiva, “en detrimento de los principios de presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad que deben regir este mecanismo procesal”. Subrayó que la detención preventiva de una persona “es una medida excepcional, de naturaleza cautelar y no punitiva, procedente únicamente para asegurar que el procesado no impedirá el desarrollo eficiente de las investigaciones ni eludirá de la acción de la justicia”.
La comitiva encabezada por Escobar Gil sostuvo que “los jueces optan por la medida cautelar más gravosa para la vigencia del derecho a la libertad durante el proceso, con el objeto de mostrar eficiencia y evitar los reclamos de la sociedad, los medios de comunicación y del mismo poder político”.
En ese sentido, la Relatoría “observó con preocupación” las últimas reformas procesales que, según manifestó, “restringieron el acceso a las medidas alternativas a la privación de libertad”.
La relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad cuestionó también el uso de comisarías para alojar a los presos y exhortó “al Estado a adoptar las medidas necesarias para que cese la utilización de las dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de personas y, en consecuencia, dejen de funcionar como centros de detención”.
Además, expresó su “profunda preocupación” por las torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes que se inflingirían en los centros de detención. Según la relatoría, entre febrero y junio de 2010 se reportaron 241 casos de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, de los cuales sólo 115 fueron denunciados.
Por otra parte, la CIDH “constató con preocupación” la existencia de una política de “traslados” de detenidos como “forma de control del orden interno de los penales o sanción disciplinaria, que se aplica de manera sucesiva e indiscriminada por parte de las autoridades del Servicio Penitenciario”.
La Relatoría manifestó que uno de los internos entrevistados dijo haber recorrido en 6 años más de 40 (de las 54) unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense, pasando por algunas más de dos ocasiones. El organismo comandado por Escobar Gil exhortó al Gobierno de la provincia de Buenos Aires a tomar “medidas dirigidas a limitar los traslados previo control judicial y a evitar que sean utilizados como sanción disciplinaria”.
Entre el 7 y el 10 de junio los representantes de la CIDH visitaron el Complejo Conurbano Bonaerense Norte, la Unidad 2 Sierra Chica, la Unidad 1 Lisandro Olmos, la Comisaría de Ensenada Seccional 3º (El Dique), la Comisaría de Berisso Seccional 1º, y la Comisaría de Lomas de Zamora Seccional 6º.