20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024
El impacto de los juicios de DD.HH.

"Más grave que la falta de jueces, es la falta de jueces con compromiso"

Se lo dijo a DiarioJudicial.com el juez de Mar del Plata Roberto Falcone respecto a la ausencia de magistrados para integrar los tribunales que juzgan los delitos de lesa humanidad. La polémica estalló con declaraciones de Carmen Argibay. El juez de Mendoza González Macías sostuvo que para enfrentar estos procesos “hay que tener temple”.

 

“Todos nos piden que apuremos los juicios pero con tanta recusación, que a veces es necesaria y a veces no, nos estamos quedando sin jueces”, sostuvo la jueza de la Corte Suprema Carmen Argibay este fin de semana e hizo estallar la polémica.

Argibay había sido consultada por la demora en la sustanciación de los juicios por delitos de lesa humanidad y subrayó un aspecto que a veces se pasa por alto: el impacto que tienen estos procesos sobre los propios magistrados que, aseguró, “a veces se enferman porque han tenido que escuchar cosas horribles”.

En relación con la falta de jueces, Argibay enfatizó que los tribunales, para su conformación, tienen que estar integrados por 4 magistrados –incluido 1 suplente- y afirmó que el cuarto juez debe estar si o si porque si uno de los otros 3 padece, durante el juicio, una enfermedad prolongada, este debería suspenderse y empezar otro nuevo.

“Para evitar eso, todos los juicios tienen que tener un cuarto juez”, dijo la magistrada en declaraciones a radio América.

Argibay manifestó que los procesos por violaciones a los derechos humanos “están causando inconvenientes”. “No tenemos jueces suficientes, no hay salas de audiencia, no hay infraestructura suficiente”, detalló.

Consultado por DiarioJudicial.com, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata Roberto Falcone -que llevó y lleva adelante este tipo de procesos- sostuvo que los juicios por delitos de lesa humanidad “son procesos especiales” y requieren de los jueces “sensibilidad y preparación especial”.

“Se trata de hechos muy graves acaecidos al amparo del terrorismo de Estado, lo que obliga a extremar los recaudos para no generar nuevas revictimizaciones y tener el equilibrio suficiente”, consideró Falcone quien, al momento de la conversación telefónica con este diario, se encontraba en La Plata, donde actúa como juez subrogante ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de esa ciudad.

Falcone subrayó que “más preocupante que la falta de jueces es la falta de jueces con compromiso”. En relación con las constantes recusaciones, dijo que se trata de una “situación lamentable y una estrategia defensiva, alejada de la ética que debe presidir la actuación del defensor”.

Este diario también consultó al juez Juan Antonio González Macías, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mendoza Nº 1, quien señaló que llevar a cabo un juicio por delitos de lesa humanidad “es una situación bastante estresante” porque “la actividad que están desplegando las defensas es obstructiva”.

“Creería que es momento de que los legisladores miren el Código de Procedimiento Penal y que hagan algunas modificaciones”, sugirió González Macías, quien en el mes de mayo fue denunciado por los camaristas de Mendoza Julio Petra Fernández y Otilio Romano. Esa denuncia fue desestimada por la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura.

Para el 1º de julio próximo está previsto el inicio del primer juicio oral en Mendoza por el secuestro y desaparición de Francisco Tripiana que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 integrado por Roberto Naciff, Héctor Cortés y Jorge Burad.

Por su parte, el juez José Vicente Muscará, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba Nº 1, que actuó en una causa contra Menéndez por tormentos y homicidios, en perjuicio de cuatro jóvenes detenidos-desaparecidos, le dijo a este diario que la condición fundamental para ser juez es “sabérselo bancar”.

Muscará se mostró en desacuerdo con la existencia de un “juez por las dudas” –como denominó al cuarto integrante del tribunal- y sostuvo que se trató de un “déficit de legislación” que se podría “haber resulto de otra manera” porque “a veces se legisla a las apuradas”.

 

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bárbara komarovsky / dju
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