Estas cifras fueron presentadas ante los legisladores provinciales durante una reunión de la comisión de Hacienda de la Legislatura neuquina de la que participaron el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Labate, y el administrador general del TSJ, Roberto Frasetto.
Rolando Figueroa, presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Cuentas y Obras Públicas de la Legislatura, aseguró en aquel encuentro que el Poder Judicial afronta problemas de administración más que salariales. Al respecto, consideró que desde el 2003 a la fecha los ingresos percibidos por la Justicia fueron superiores a los incrementos salariales que obtuvo el personal.
Esta preocupación por el financiamiento del Poder Judicial no es nueva: ya había sido planteada por los ministros del STJ en mayo pasado cuando en el acuerdo 4519 consignaban la “gravísima situación financiera actual del Poder Judicial”.
“El estado actual de desfinanciamiento, pone en serio riesgo la prestación del servicio de Justicia, toda vez que los ingresos no resultan suficientes para atender los gastos de funcionamiento de los diferentes organismos que han sido creados a través de las sucesivas modificaciones legislativas de la Ley Orgánica del Poder Judicial” sostenían y sostienen.
Por su parte, el Poder Ejecutivo provincial, se aferra al envío de Aportes del Tesoro Nacional para mermar ese déficit y el de la provincia. En este sentido, la ministra de Hacienda provincial, Esther Ruiz, estimó que habrá un aumento de los ingresos provinciales de 318 millones de pesos. Ello derivado de, por ejemplo, el fondo de desendeudamiento provincial recientemente creado por el Gobierno nacional.
Unos 20 millones serían destinados para garantizar el funcionamiento del Poder Judicial. No obstante, este dinero sería otorgado en concepto de anticipo, sin intereses y condicionada su devolución a la mejora de ingresos del sistema judicial.
Asimismo, Ruiz explicó que el presupuesto presentado por el Ejecutivo, en diciembre pasado, se encuentra dividido de la siguiente manera: 6.039 millones de pesos corresponden para organismos del Ejecutivo; 729 millones destinados los municipios de la provincia a través de la coparticipación; 301 millones de pesos al Poder Judicial; 89,8 millones al Poder Legislativo y 9,8 millones de pesos al Consejo de la Magistratura.