En declaraciones a medios locales, Sebastian Argibay, vicepresidente segundo del Superior Tribunal de Justicia, explicó los alcances del proyecto sobre notificaciones por casillero, que prevé sustituir al actual sistema que genera demoras en el trámite de los juicios y también reducir los costos de los mismos.
Argibay sostuvo que este instrumento legal fue fruto del trabajo conjunto con el Colegio de Abogados de la Provincia, con el objetivo primordial de “reducir en forma sustancial el tiempo de los procesos”, dado paralelamente el gran incremento de éstos, que ingresan actualmente en la justicia local.
El proyecto ya tiene despacho de comisión en la Cámara de Diputados de la Provincia, por lo cual su tratamiento sería inminente.
En este sentido, explicó el ministro de la Corte provincial que el sistema de casilleros consiste en otorgar un apartado, como si fuera una casilla de correos, con un número a cada abogado o estudio jurídico que lo solicite, donde se depositarán las cedulas de notificación y de donde las retirarán los letrados, con lo cual la notificación será inmediata y no con la demora actual, que oscila entre los 10 o 15 días. Estará ubicada en el Palacio de Tribunales de la capital santiagueña.
Argibay añadió que al dejar de enviarse las cédulas de notificación a los domicilios procesales (ej: estudios jurídicos), “el ahorro en tiempo será enorme, sobre todo si se tienen en cuenta que, en promedio, por cada juicio que se sustancia en la justicia local, se requieren alrededor de 15 notificaciones”.
Desde el bloque del Frente Cívico adelantaron que se reunirán en comisión para buscar emitir el despacho e inmediatamente dejarlo en condiciones para que la iniciativa pueda debatirse y ser aprobada pronto. Los legisladores de la mayoría confiaron en que el trámite se cumplirá ya que no recibieron objeciones del Colegio de Abogados, los principales interesados para realizar la modificación.
Los diputados se pusieron como prioridad analizar los proyectos enviados por el Superior Tribunal de Justicia y por ello en las reuniones de comisiones se evaluará el pedido para que la transición hacia la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, que significa un importante cambio en la Justicia penal santiagueña, ya que el fiscal llevará adelante las investigaciones y el juez controlará el debido proceso, comience el 1 de febrero del próximo año.