La Legislatura de la provincia de Neuquén aprobó una ley que incorpora lo que se denomina “enfoque de riego” para las políticas de planificación y desarrollo territorial provincial. Además sancionó otra norma que establece que en los procesos de transición de un gobierno provincial a otro, la obligación del suministro de información.
La Legislatura de la provincia de Neuquén sancionó dos leyes que buscan regular aspectos particulares de la normativa provincial. La primera de ellas incorpora lo que se denomina “enfoque de riego” en las políticas de planificación y desarrollo territorial; la otra, en cambio, establece la obligatoriedad en el suministro de información en la transición de un gobierno provincial a otro.
En cuanto a la ley de “enfoque de riego”, lo que se realizó fue incorporar este concepto en la realización de políticas territoriales en la provincia. En este sentido, la norma sancionada “entiende que el riesgo es producto de acciones y decisiones concretas, por lo tanto, toda intervención que se emprenda sobre un territorio es parte de la construcción de un escenario de mayor o menor riesgo, lo cual determina la intensidad de las consecuencias de un fenómeno adverso o desastre”.
Durante la sesión, la autora del proyecto, la diputada provincial por el MPN, Graciela Muñiz Saavedra explicó: “La posibilidad de aumentar la seguridad de los asentamientos humanos y la protección del medio ambiente mediante la identificación, la reducción y el control de las condiciones de riesgo; la creación de un Sistema de Gestión Integral de Riesgo –compuesta por organismos públicos, privados y de la sociedad civil competentes en la materia - de carácter operativa, sustentable y duradera”. Razón por la cual, la incorporación de este enfoque constituye “un gran avance en la prevención y reducción de riesgos y desastres”.
La ley establece una serie de principios sobre los que se fundamenta este enfoque de riego. Ellos son, entre otros, el principio de prevención, que implica incorporar conductas proactivas previa a la ocurrencia de desastres; el de responsabilidad compartida, que implica la colaboración, participación y las acciones de todos los actores involucrados y el de participación.
Otro principio es la amenaza, entendido “como la posibilidad de ocurrencia de fenómenos y/o procesos de origen natural o humano, que potencialmente pongan en peligro la vida y las condiciones de vida de las personas, la infraestructura básica de las poblaciones, los recursos económicos y naturales, y el medio ambiente”. Estas pueden ser de origen natural o antrópico.
En cuanto a la otra ley sancionada, la de transición de gobierno, establece que las autoridades provinciales en ejercicio tienen la obligación de suministrar a las respectivas autoridades provinciales electas la información pertinente sobre el estado general de la Administración.
Muñiz Saavedra, quien también fue autora de este proyecto, explicó en la sesión que “este proyecto refuerza mecanismos institucionales a fin de mejorar la eficiencia tanto del Gobierno entrante como saliente” y agregó que para ello “la gestión entrante contará con acabada información –de carácter de Declaración Jurada– sobre la administración del gobierno saliente”.