La Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, comenzará este mes con una campaña para el reconocimiento legal de la identidad de género. En el Congreso hay tres proyectos al respecto, uno que reconoce la identidad de género y otros dos que incorporan la figura en la ley contra actos discriminatorios.
El 15 de julio a la madrugada, el Congreso de la Nación sancionó las modificaciones al Código Civil que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo. Luego de aquel hito normativo en Latinoamérica, la Federación Argentina de Gays, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans no descansa: este mes comenzará una campaña cuyo objetivo principal es el reconocimiento de la identidad de género.
En la Cámara de Diputados existen tres proyectos que vislumbran un cambio en ese sentido. El primero de ellos, fue presentado por la ex diputada socialista Silvia Augsburger en 2007 y tras perder estado parlamentario fue reingresado en el 2009. Todavía se encuentra pendiente de tratamiento en las comisiones de Legislación General y Justicia.
El proyecto asegura el “el reconocimiento de la dignidad, la singularidad y del propio proyecto de vida de las personas trans: transexuales, travestis, transgénero” así como promueve “el respeto, la protección y el ejercicio de los derechos humanos” de estas.
Para ello, se crearía la Oficina de Identidad de Género en el ámbito de la secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que además de coordinar un equipo técnico interdisciplinario especializado en la temática, será el encargado de aconsejar y acompañar a las personas trans y evaluar las solicitudes de rectificación registral del sexo y cambio de nombre y decidir su aceptación o no. Lo que podrá ser accionado, en caso de rechazo, ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal.
Asimismo, este proyecto plantea una serie de requisitos indispensables para acceder a la rectificación registral del sexo y cambio de nombre: “La existencia de disonancia entre el sexo y el nombre inicialmente inscrito y la identidad de género autopercibida por la persona solicitante” y “la estabilidad y persistencia de esta disonancia”. Aunque dichos requisitos, no serán exigidos “cuando la persona haya procedido a la cirugía de reasignación sexual”.
Las otras dos iniciativas apuntan a modificar la ley contra los actos discriminatorios. Son los proyectos presentados por Roy Cortina (Partido Socialista) y la ex diputada Claudia Bernazza (FpV). Ambos, modifican el articulo 1 de la ley Nº 23.952, aunque el primero de ellos habla de “identidad y expresión de género”, mientras que el segundo de “identidad de género”.
En cuanto a las penas previstas, el proyecto de Cortina, sostiene penas de seis meses a seis años de prisión teniendo en cuenta el grado del acto discriminatorio y si pertenciere o no a alguna fuerza de seguridad del Estado o sea funcionario o empleado público. Además, incorpora la obligatoriedad de exhibir en el ingreso a todos los lugares de acceso público, una leyenda que dice: “Frente a cualquier acto u omisión discriminatoria, usted puede recurrir a la autoridad policial y/o judicial de turno, quienes tienen la obligación de tomar su denuncia”.
Por otra parte, la ex legisladora Bernazza, sostiene en su iniciativa que se elevara “en un tercio el mínimo y en un medio el máximo de la escala penal de todo delito reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por persecución u odio a una raza, religión, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, o con el objeto de destruir en todo o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.
Igualmente, se sancionará – dice el texto del proyecto- con prisión un mes a tres años para los que participen en una organización o realizaren propaganda basados en “ideas o teorías de superioridad de una raza o de un grupo de personas de determinada religión, origen étnico, color, sexo, orientación sexual o identidad de género, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación racial o religiosa en cualquier forma”. Tanto el proyecto de Bernazza como el de Cortina se encuentran en las comisiones de Legislación Penal y Derechos Humanos de la cámara baja.