La comisión de Disciplina y Acusación aprobó un dictamen de Nicolás Fernández que pedía el jury el magistrado, cuestionado por haberle facilitado, presuntamente, a un concursante una copia del examen con que se lo iba a evaluar en el concurso 245. Además, se desestimó una denuncia contra el juez de Schelgel iniciada por Aníbal Fernández.
La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura se reunió por primera vez este jueves luego de la feria judicial de invierno. El encuentro fue presidido por Santiago Montaña ante la ausencia de la titular de la comisión, Diana Conti. Durante el mismo se resolvió desestimar una denuncia presentada en 2008 por el entonces ministro de Justicia Aníbal Fernández contra el juez Luis Alberto Schelgel.
A favor de la desestimación votaron el presidente del Consejo de la Magistratura, Luis Cabral, el consejero-académico Mariano Candioti y el consejero-senador Ernesto Sanz. En contra se pronunciaron el representante del Ejecutivo, Héctor Masquelet, y Santiago Montaña.
Sobre la denuncia que afrontan los camaristas federales de Mendoza Luis Miret y Otilio Romano por su actuación como juez y fiscal respectivamente durante la última dictadura, este jueves se comentó acerca de la presentación que había hecho Romano antes del inicio del receso.
El presidente de la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza notificó al cuerpo colegiado de una decisión del juez federal ad-hoc Carlos Parellada que le ordenó al Consejo de la Magistratura suspender el proceso de juicio político en su contra. Romano estaba citado para el 15 de julio, junto a Miret, ante la comisión de Disciplina y Acusación en el marco del artículo 20 del reglamento.
Fuentes del Consejo señalaron a DiarioJudicial.com que Sanz se mostró visiblemente ofuscado al tomar conocimiento de aquella presentación y que la comisión decidió pedir una fotocopia completa del amparo que presentó el camarista a través de Masquelet, instructor de la denuncia.
Asimismo, la comisión de Disciplina y Acusación aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el consejero-senador Nicolás Fernández el 15 de julio en el que solicitó la apertura del proceso de remoción contra el juez Alberto Pravia, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santiago del Estero.
El 4 de septiembre del año pasado se tomó el examen en Paraná para ocupar una vacante de juez de tribunal oral en aquella ciudad de Entre Ríos por el concurso 245 del Consejo de la Magistratura. Uno de los aspirantes era el entonces secretario de la fiscalía de Saavedra Hernán Tuppo, quien fue sorprendido con copias del examen con que lo iban a evaluar.
Si bien el jurado estaba integrado por Daniel Morin, Ignacio Tedesco y Mario Gustavo Costa, todas las sospechas recayeron sobre el cuatro integrante, Pravia. En un descargo presentado ante la comisión que preside Conti a principios de diciembre, Pravia negó haberle dado copias del examen a Tuppo, dijo que jamás trabajó en la misma dependencia que el entonces secretario de fiscalía y concluyó que “la posición más facilista y complaciente hubiera sido” excusarse de intervenir como jurado en el concurso 245.
Sin embargo, en el dictamen, de 50 carillas, Fernández consideró que Pravia fue una “especie de protector de su pupilo” Hernán Tuppo. Para el vicepresidente del Consejo de la Magistratura existió “total evidencia de que Pravia ha sido la persona que le informó a Tuppo de los temas a evaluar” tanto en el concurso 237 como en el 245.
Los cinco consejeros presentes en el encuentro acordaron que, si la propuesta de Fernández de enviar a Pravia a juicio político prosperara en el plenario que se celebrará el jueves próximo, Montaña sería uno de los fiscales del juicio. En tanto, Fernández ya se excusó por “sus tareas en el Senado”.
Asimismo, fueron desestimadas dos denuncias contra los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5, Daniel Obligado, Oscar Hergott y Ricardo Farias, una de ellas presentada por la presidenta de Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.