Las comisiones de Comunicaciones e Informática y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados continuaron con el debate en torno a los proyectos presentados para consensuar una ley de distribución de la pauta oficial. El principal eje de discusión fue si la misma debe regirse a partir de criterios de mercado. Hablaron juristas y representantes de asociaciones.
Las comisiones de Comunicaciones e Informática y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados continuaron esta semana con el debate en torno a la regulación de la distribución de la publicidad oficial. El principal eje de discusión fue si se debe realizar la distribución de la pauta oficial a partir de criterios de mercado.
Al comenzar la reunión, la presidenta de la comisión de Comunicaciones e Informática, Silvia Vazquez (FpV) expresó su molestia acerca de la publicación en Clarín de un supuesto dictamen mayoritario. “Desde afuera nos pretenden decir que es lo que tenemos que hacer” dijo. Y agregó: “Si yo le creyera a Clarín sospecharía de los diputados de la oposición”, aunque tras aseverar que no le cree, sostuvo: “Nadie tiene un dictamen hecho”.
El primero de los invitados en dar su opinión fue Néstor Busso, representante del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) y titular del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, quien explicó que su visión de la publicidad oficial se basa en entender “la comunicación como un derecho humano”. En este sentido la publicidad oficial posee como objetivo “garantizar la publicidad de los actos de gobierno”, por lo que “no puede regirse por criterios de mercado”.
“El Estado no se dirige a un consumidor sino a un ciudadano”, aunque agregó que “no debe ser una propaganda de gobierno”. Algunos datos interesantes de Busso expresó a los legisladores fueron sobre la actual utilización de la pauta, cerca de 9 mil millones de pesos es la inversión total que hay en el país en concepto de publicidad (1% del PBI), de ellos, 5 mil millones son destinados a medios de Capital Federal. Aclarando que un grupo de medios recibe casi el 30% de la publicidad oficial, en clara alusión al Grupo Clarín.
Agustín Gordillo, por su parte, sostuvo una mirada particular basada en la experiencia canadiense, ya que centró su preocupación en el encargado de administra ello. “La clave esté en el órgano, no en la regulación”, dijo y planteo la creación de un Tribunal administrativo “imparcial e independiente” y “con control judicial pleno” pero con “independencia en la administración”.
Asimismo Busso agregó, respecto a los periodistas, que “más que periodistas son vendedores de publicidad”, y por ello bregó por un pautado directo a los titulares de los medios. Todo ello bajo la aplicación de Télam, “para evitar la multiplicación de facturación”.
La visión empresaria mercantil, fue expresada por Heber Martinez en representación de la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI), quién planteó la existencia de una “confusión” entre “subsidio y publicidad”. “Hay que utilizar las herramientas que nos da el mercado, como el rating y los índices del IVC”, dijo. Tras lo cual dedicó el resto de su exposición a referirse a casos tales como lo que causó la reforma política, o el precio del IVA de tapas en lo que es gráfica. Culminando con un pedido de ayuda: “necesitamos medidas para la subsistencia”, agregó quien además representa al grupo Telefé.
Luego fue el turno de Félix Loñ, quien realizó una argumentación acerca de que la publicidad oficial “está intrínsecamente ligado con la libertad de expresión” ya que “el sistema democrático se asienta en la razonabilidad”. Con ello, el constitucionalista explicó como “la manipulación de la pauta constituye una vía indirecta de afectar la libertad de expresión” ya que se “beneficia a ciertos medios en lugar de otros”.
Para culminar, Eduardo Barcesat, argumentó basándose en Michel Faucault acerca de “la importancia de la comunicación social como aparato normalizador de conductas”. Teniendo en cuenta “que las condiciones de existencia social son distintas”,ya que no se está en igualdad de condiciones” pues “mayoritariamente la publicidad esta en manos de privados”.
Con ello, coincidió con lo dicho por Busso, calificando como “derecho humano” a la comunicación. El constitucionalista culminó planteando tres ejes constitucionales para tener en cuenta en este tema: el deber de observancia de la supremacía de la Constitución Nacional, la necesidad de “brindar información adecuada y veráz” y la cláusula del progreso.