La presentación fue formulada por el abogado Ricardo Monner Sans, quien pidió que se investigue la posible comisión de los delitos de "malversación de caudales públicos (art. 261 de Código Penal) y de posible falsedad en las declaraciones juradas (art. 293)".
Según índico en su presentación, las autoridades del Senado de la Nación dispusieron, mediante un decreto del 14 de julio de 1992, adecuar las "erogaciones reservadas", asignándose de ese modo 150 pesos por legislador, suma que de ese modo era entregada a los presidentes de cada uno de los bloques.
En tal sentido, pidió que se establezca quiénes fueron los legisladores que rindieron cuenta por los gastos de dichos fondos, y por qué algunos de los involucrados en el escándalo por el pago de sobornos, como el caso del justicialista salteño Emilio Cantarero, hizo constar en su declaración jurada el ingreso de 20.000 pesos provenientes de fondos reservados "que no guarda proporción con la suma mensual asignada a cada legislador".
"La disparidad de los ingresos mensuales que han venido declarando los senadores nacionales, las contradicciones, las posibles omisiones, y la necesidad de preservar dineros públicos (...) obligan a requerir de las autoridades del Senado de la Nación se remitan todas las declaraciones juradas de todos los senadores nacionales, desde agosto de 1992, inclusive, a la fecha para que se pueda determinar el por qué de todo ello", destacó el denunciante.
Por otra parte, advirtió que en cualquiera de las hipótesis que se manejen "si los 150 pesos por mes eran para asegurar el normal desarrollo de las funciones del senador beneficiado con dicho importe, nunca pudo existir sobrante “apropiable”: o se gastaba o se devolvía la suma".
"La norma -concluyó- no exige guardar comprobantes, pero no releva de rendir cuentas, porque no constituye contraprestación por trabajo efectivamente materializado".