Se lo dijo a DiarioJudicial.com el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, en respuesta a las quejas por las complicaciones que generaron en la Justicia los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. “Siempre es preferible una injusticia tardía, a una injusticia eterna”, afirmó.
“El proceso argentino [de juzgamiento a los delitos de lesa humanidad] tiene una característica: acá no se optó por crear tribunales especiales ni por modificar la legislación sino que se tomó la ley vigente y los tribunales naturales". Quien habla es el Subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Luis Alén, en una charla con DiarioJudicial.com sobre la marcha de los juicios.
Desde la declaración de invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, decretadas en junio de 2005 por la Corte Suprema, se reabrieron los juicios por los delitos ocurridos durante la última dictadura, a la que Alén tildó de “cívico-militar”. La mayoría de estos procesos tienen infinidad de testigos, imputados y querellantes y por eso requieren espacios más grandes que otras salas de audiencia. Esto generó que algunos sectores de la Justicia señalaran que la realización de estos juicios quita espacio físico para que se lleven a cabo otros procesos. Sobre este punto, Alén expresó que “lo que hay que tener en cuenta es que son juicios por crímenes que ocurrieron hace más de 30 años y hay una exigencia de que tengan un desarrollo con prelación a otros por ese motivo”.
En esa línea, quien trabaja a un piso de distancia del secretario de Derecho Humanos, Eduardo Luis Duhalde, dijo que “antes no había dificultades porque esto no se juzgaba, la impunidad se había consagrado”.
Si bien el fallo de la Corte que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final salió en 2005, la aceleración de los juicios no fue instantánea y en ese sentido, el hoy diputado por la UCR Ricardo Gil Lavedra recordó, en diálogo con este diario, que en 2006 presentó un proyecto de ley junto al fallecido Andrés D’Alessio que buscaba la aceleración de los procesos pero que “nunca fue tratado” por el Congreso. Igualmente reconoció que hoy no tendría sentido volver a presentarlo.
Al hacer un repaso histórico de las políticas de Derechos Humanos de los gobiernos democráticos, Alén reconoció como “auspiciosas” dos iniciativas del gobierno radical de Raúl Alfonsín: el juicio a las Juntas Militares y el juicio al fallecido general Ramón Camps. Cuestionó al gobierno de Menem por los indultos y señaló que el “muro de impunidad que se fue construyendo sobre los responsables del terrorismo de Estado todavía se perfeccionó cuando el juez Baltasar Garzón asumió los principios de la justicia universal, abrió las causas en España y reclamó la extradición de los militares argentinos” durante el gobierno de Fernando De la Rúa.
Dijo que De la Rúa y su ministro de Justicia Gil Lavedra dictaron un decreto impidiendo las extradiciones de militares para que no pudieran ser juzgados en otro país. Sobre ese punto, Gil Lavedra aseguró que se le dio “trámite judicial” al pedido de Garzón y que fueron los jueces quienes negaron las extradiciones.
En el reportaje con este medio, Alén enfatizó que “el proceso que se inició en 2003 tuvo muchas dificultades” y puntualizó “la resistencia de un sector del Poder Judicial, comprometido con la ideología del terrorismo de Estado del que quizás la figura emblemática fue Alfredo Bisordi, ex camarista de Casación y hoy abogado de Luis Patti”. También se refirió al caso del juez Víctor Brusa, condenado a principios de este año por haber integrado un “plan sistemático de persecución y/o exterminio” que tenía como tarea “encontrar justificativos aparentes para dar legitimidad judicial a la privación de libertad” y los de los camaristas mendocinos Luis Miret (juez durante la dictadura) y Otilio Romano (que en ese entonces era fiscal), que tienen causas abiertas ante el Consejo de la Magistratura.
Alén enfatizó que por primera vez desde su creación, la Secretaria de Derechos Humanos comenzó en los últimos años a presentarse como parte querellante en los juicios y hoy actúa en 75 procesos en las provincias de Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, Chaco, Buenos Aires (en los departamentos judiciales de San Martín -causa Campo de Mayo- y La Plata –causa circuito Camps-), Mendoza y Capital Federal.
Asimismo, el abogado valoró la unidad de seguimiento a los juicios que creó la Corte en 2008 porque “estableció un sistema de control con los otros poderes del Estado” y también se refirió a la polémica que tuvo lugar este año a partir de las declaraciones del titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por delitos de lesa humanidad, Jorge Auat, que había criticado el rol de algunos defensores de los imputados. “El Ministerio Público de la Defensa tiene un alto nivel pero también advertimos que ejercer la defensa no quiere decir asumir como propios los postulados del terrorismo de Estado”, concluyó el funcionario.