DiarioJudicial.com consultó a varios magistrados sobre la reforma del Consejo de la Magistratura. Se escucharon voces a favor de la vuelta de la Corte, del equilibrio de los estamentos y del aumento en el número de integrantes. Sin embargo, la incorporación de un consejo consultivo fue calificada como un “Consejo de la Magistratura paralelo”. VER VIDEO
La posibilidad concreta que el Senado dé el visto bueno, y convierta en ley la media sanción de Diputados que reforma el Consejo de la Magistratura abre un abanico de opiniones acerca de los cambios que se plantean desde el Legislativo. Tal es así que en el marco de la VI Conferencia de Jueces, realizada en un hotel porteño, DiarioJudicial.com dialogó con distintos magistrados que expresaron su posición al respecto con varias coincidencias entre sí.
Al ser consultada por este medio, la ministra de la Corte, Carmen Argibay, dijo: “No opino porque tenemos que opinar en un caso en la Corte”, ello en referencia a la existencia de un recurso en el Máximo Tribunal y que espera una resolución.
En un salón repleto de jueces, secretarios, funcionarios judiciales y periodistas; donde las tarjetas de presentación pasaban de mano en mano, otros asistentes opinaron sobre la reforma. Carlos Lami, presidente del Colegio de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, y vicepresidente de la FAM, se mostró de acuerdo con la modificación y agregó que la organización “debe tener un lugar en el Consejo ya que representa a los jueces de provincia, porque muchos jueces se presentan a cargos en la Justicia Nacional y Federal”.
En sintonía, Raúl Madueño, juez de la Cámara de Casación Penal consideró “positiva” la ampliación del número de miembros del Consejo, y al igual que Lami, vieron con buenos ojos que un miembro de la Corte presida ese cuerpo. “Está constitucionalmente ligado a la Corte Suprema de Justicia”, dijo Madueño. “La presidencia debe estar en cabeza del presidente de la Corte o de un juez de la Corte para que pre4cisamente esto jerarquice al mismo consejo y se vuelva a prácticas tradicionales”, agregó Lami.
Rafael Gutiérrez, presidente de la Junta Federal de Cortes (Jufejus), también coincidió con la presidencia del organismo en manos del Máximo Tribunal, aunque aclaró: “lo que queremos es que se aplique el artículo 114 de la Constitución donde pide un equilibrio entre los distintos integrantes del Consejo de la Magistratura. “La media sanción ha contemplado esta situación con algunas modificaciones” dijo y añadió: “cuando pase a senado se tiene que mantener el equilibrio entre los distintos estamentos”.
En cuanto al numero de miembros, Luis María Cabral, actual presidente del Consejo de la Magistratura, ponderó la “proporcionalidad más equilibrada entre todos los estamentos” que establece el proyecto con media sanción. No obstante, “atento al número que va a tener, de 18 miembros, ha quedado reducido el sector judicial”, dijo. Madueño, añadió que “la representación de los abogados, ya sea desde el punto de vista de jueces, abogados de la matrícula o académicos, que también son abogados, superen a quienes representan a los legisladores”. A lo que agregó “los legisladores deberían nombrar sus representantes” ya que “la actividad de legislador y la de miembro del Consejo a veces no se concilia con lo que en esencia pretende ser el Consejo, un órgano específicamente técnico”.
Silvina Herraez, es jueza en la provincia de Tierra del Fuego, y sostuvo como “necesaria” la reforma, ya que “todos los institutos tienen que ir avanzando de acuerdo a las necesidades. La experiencia indica que el Consejo necesita una actualización y una modificación de acuerdo a los nuevos tiempos y requerimientos”, explicó.
En cuanto a las disidencias, la más concreta la mostró Cabral, para quien el proyecto tiene aspectos “incomprensibles e inconvenientes”. “Se crea una especie de Consejo de la Magistratura paralelo, llamado Consejo Consultivo Honorario, pero que sin embargo tiene personal, asesores y hasta lugares para funcionar y con una integración que de ninguna manera aparece clara en cuanto a su composición y realmente aparece en todo caso como un monitoreo de un órgano constitucional por un sistema que la Constitución Nacional no ha previsto”, sentenció.