El Consejo de la Magistratura de la Ciudad solicitó 723.184.850 pesos para 2011. Están previstos los nuevos cargos de la justicia Contencioso Administrativa y Tributaria e incluso la posible compra de un inmueble para nuevos juzgados. El presupuesto fue girado al Ejecutivo.
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el presupuesto 2011 para el Poder Judicial porteño. Solicitaron 723.184.850 pesos, lo que significa 450 millones de pesos más respecto del presupuesto del 2010.
En cuanto a las cifras globales el Consejo asignó en total para “gastos de personal”, más de 420 millones de pesos (420.520.517), más de 210 millones para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario y 117 millones para el fuero Penal Contravencional y de Faltas. Además se encuentran consignadas las partidas que contemplan los nuevos juzgados Contenciosos creados por la Ley 3318, que modificó la Ley 7.
En este sentido se contemplan 63 millones de pesos para el fuero Contencioso Administrativo y Tributario para cubrir los gastos que provendrán de estos nuevos juzgados que se encuentran en plena tramitación de concurso. Además se incluye la posible compra de inmueble para alojar estos juzgados dentro de los 136 millones.
María Teresa Moya, presidente del Consejo de la Magistratura, en dialogo con Diariojudicial.com explicó que la previsión de compra tiene que ver con que “si uno alquila tiene que hacer la adaptación del inmueble en cuestión a los requerimientos de las necesidades que tiene cualquier órgano del Poder Judicial”.
Para la publicidad y propaganda se asignan poco más de 905 mil pesos, mientras que el rubro pasajes, viáticos y movilidad, la asignación llega a 1.420.980 de pesos.
Otro punto que por estos días estuvo en boga es la posibilidad de que se frenen los actuales concursos en trámite para la cobertura de estos cargos, debido a un amparo presentado por varios legisladores porteños en el que se cuestiona el proceso de convocatoria iniciado en tanto y en cuanto no se sabe si se contará con esos recursos.
Ante esto Moya explicó que “cuando se discutió en sede parlamentaria la necesidad de la creación de los nuevos cargos a través de la sanción de la ley 3318, se tuvo en cuento que eso requería más personal para cada una de las unidades que se creaban y, obviamente, la dotación de la infraestructura necesaria para que se puedan cumplir con las funciones”. “Está plenamente justificado con el debate parlamentario que ya hubo en su momento”, finalizó.
El presupuesto aprobado fue girado al Poder Ejecutivo de la Ciudad quien deberá remitir a la Legislatura el Presupuesto General el próximo 30 de Septiembre, tal y como lo establece el artículo 50 de la ley 70.