22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Otra vez la semana que viene

Fracasó de nuevo el tratamiento de la ley por los presos de La Tablada en la Cámara de Diputados. En tanto la CIDH, citó a una audiencia al gobierno argentino para efectuar reclamos.

 
A pesar de la presión del gobierno y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) para que se apruebe la ley para que los presos por el copamiento del cuartel de la Tablada tengan la posibilidad de apelar en una segunda instancia, fracasó otra vez la sanción del proyecto. El nuevo fracaso parlamentario sumió en un incierto destino el tratamiento del proyecto al conocerse hoy, la renuncia del ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, quien se había constituido en un férreo impulsor de la iniciativa en su intención de cumplir con los tratados internacionales como el Convención Interamericana de Derechos Humanos que adquirieron rango Constitucional a partir de la reforma de 1994.

La CIDH recomendó al gobierno argentino que adecue la legislación interna para que exista la doble instancia. Es por ello que citaron a una audiencia prevista para el 12 de octubre, “para realizarle los reclamos correspondientes al gobierno”, indicó una fuente parlamentaria.

De sancionarse esta ley, los presos recuperarán su condición de simples procesados, y por aplicación del “dos por uno” podrían salir en libertad. La iniciativa del diputado aliancista Torres Molina ya tiene dictamen por mayoría de las comisiones de Legislación Penal y de Justicia.

Sin embargo, los justicialistas no brindaron quórum al momento de incluirse el tratamiento de la ley en el diario de sesiones porque, según confiaron voceros de la bancada, pretenden forzar al gobierno a decretar el indulto de los detenidos por el sangriento ataque ocurrido el 23 de enero de 1989, al igual que lo hizo el ex presidente Carlos Menem, con los jerarcas de la última dictadura.

El dictamen que trata la derogación del título II de la ley 23. 077, establece que las normas de competencia y procedimientos para el juzgamiento de los delitos de atentados contra el orden constitucional y a la vida democrática (Ley de Defensa de la Democracia) y de esta manera se habilita a las personas condenadas en juicio por dicho procedimiento a la interposición del recurso de casación, es decir, a una segunda instancia.

. El dictamen fundamenta según el artículo segundo del proyecto de ley, que “las personas condenadas en juicios en los que se aplicó el procedimiento establecido por el titulo II, de la ley 23.077 y en los que no tomó intervención la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el tratamiento del recurso extraordinario, podrán interponer recurso de casación dentro de los treinta días contados desde la entrada en vigencia de la presente ley”.

La norma, en caso de ser aprobada no beneficiaría al líder del MTP. Enrique Gorriarán Merlo y su esposa Ana María Sivori , porque fueron condenados en otro juicio y sus sentencias fueron revisadas por la Cámara Nacional de Casación Penal.



dju / dju
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