27 de Diciembre de 2024
Edición 7120 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 30/12/2024

Brevatas

Se oficializó la Ley de Glaciares | Se accidentó el camarista mendocino Otilio Romano | Convenio para promover el empleo | Feriado judicial para la Seguridad Social

 

Se promulgó la Ley de Glaciares

Mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 26.639 de “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” el Gobierno Nacional oficializó, este jueves, la denominada Ley de Glaciares. La norma fue sancionada el 30 de septiembre pasado y promulgada de hecho el 28 de octubre; y establece que los glaciares constituyen “bienes de carácter público”. El objeto principal de la Ley es “preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano; para la agricultura y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas; para la protección de la biodiversidad; como fuente de información científica y como atractivo turístico”.

El juez, con un proceso abierto ante el Consejo de la Magistratura, sufrió lesiones leves producto de un choque

El presidente de la Cámara Federal de Mendoza, Otilio Roque Romano, sufrió este miércoles un accidente vial. El Honda Prelude que conducía Romano chocó contra un Cross Fox, en el Acceso Sur en la provincia cuyana. Tanto el titular del tribunal mendocino como los dos ocupantes del otro vehículo fueron internados, todos con lesiones leves. Romano es investigado por el Consejo de la Magistratura por su accionar como fiscal entre 1974 y el fin de la dictadura, en 1983. El juez, que fue citado por el artículo 20 por la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, se negó a presentarse ante el órgano e interpuso un amparo ante un juez ad-hoc de Mendoza con el que logró, hasta el momento, frenar el proceso en su contra. Igualmente, está siendo investigado por la justicia federal de Mendoza por su responsabilidad penal en los hechos.

Firman convenio PREBA para promover el empleo de personas que recuperan su libertad

El gobernador Daniel Scioli encabezó en Casa de Gobierno, la firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y Seguridad con la cartera laboral para implementar el programa PREBA. El objetivo es promover el empleo, la erradicación del trabajo infantil, la inclusión laboral de trabajadores con capacidades diferentes, y de aquellos que por su vinculación con la Ley Penal se encuentren marginados del mercado de trabajo. En ese marco, el titular de la cartera de Justicia, Ricardo Casal, expresó respecto del programa: “Lo vamos a implementar gradualmente en toda la Provincia y, en la medida en que haya posibilidades con el Patronato de Liberados, haremos convenios con las empresas que se nucleen a este programa para la inclusión laboral”. El ministro explicó que “se intenta generar una contracultura en la sociedad, que suele ser bastante refractaria con aquellos que se han equivocado en la vida”, al tiempo que aseguró: “El que cumplió la condena ya pagó y tiene que incluirse”.

La Corte declaró 3 semanas inhábiles para 7 juzgados del fuero

La Corte Suprema, mediante una acordada suscripta por su titular, Ricardo Lorenzetti, declaró “inhábiles” los días comprendidos entre este jueves y el 19 de noviembre próximo para los juzgados 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 de la Seguridad Social “sin perjuicio de la validez de los actos procesales que sean cumplidos”. Lorenzetti accedió así a lo pedido por los camaristas del fuero, con quienes se reunió el martes último. Ese día, la Cámara de la Seguridad Social había celebrado un plenario en el que, por mayoría, solicitó la “feria judicial con concurrencia a los lugares de trabajo” para los 10 juzgados del fuero. El argumento era “la situación de la estructura edilicia del Edificio Anexo”, sede de los juzgados 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, ubicado en Marcelo T. de Alvear. Un informe del Centro de Investigación y Desarrollo en Construcciones del I.N.T.I., afirmó Lorenzetti, recomendaba “disminuir la sobrecarga originada en la acumulación de expedientes en determinadas dependencias”.  La resolución 3160/10 aclaró que se trataba de una “situación excepcional” y resaltó que “resulta necesaria la adopción de medidas adecuadas para evitar perjuicios en la prestación del servicio de justicia”.
 



dju

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