Brevatas

Publicaron en el Boletín Oficial las nuevas medidas para combatir las salideras bancarias

La ley 26637, que establece las nuevas medidas mínimas de seguridad que deben adoptar las entidades financieras, se publicó este viernes en el Boletín Oficial de la Nación. La norma fue sancionada por el Congreso el 29 de septiembre de 2010 y promulgada el 28 de octubre. De acuerdo a la norma, las medidas mínimas de seguridad que deben adoptar las entidades son: a) contar en las líneas de cajas y cajeros automáticos con un sistema de protección con suficiente nivel de reserva, que impida la observación de terceros; b) tesoro blindado para atesoramiento de numerarios y/o valores de terceros y/o cajas de seguridad de alquiler, en subsuelo o a nivel, separado de paredes medianeras, a prueba de incendio y de violación por elementos mecánicos o soplete oxhídrico; c) inhibidores o bloqueadores de señal que imposibiliten el uso de teléfonos celulares en el interior de las mismas, siempre que no afecten derechos de terceros fuera de la sucursal, ni interfieran en otros dispositivos de seguridad.

Nuevo Juzgado Federal para Concordia

Se oficializó la creación de un nuevo Juzgado Federal en la provincia de Entre Ríos. Se trata de la Ley.26.638 publicada este viernes en el Boletín Oficial y que crea el Juzgado Federal de primera instancia en la ciudad de Concordia. El tribunal creado tendrá competencia en los departamentos de Concordia, San Salvador, Federación, Federal y Feliciano, de la provincia. Razón por la cual se desmembra la competencia del actual de los juzgados federales de de primera instancia de Concepción del Uruguay y Paraná. En tanto que su tribunal de alzada será la Cámara Federal de Paraná y el TOF de Paraná conocerá en todo lo relativo a su respectiva competencia material. Asimismo, junto con el juzgado se creo también una Fiscalía y una Defensoría Pública.

La Cámara ordenó profundizar la investigación por los “vuelos de la muerte”

La Sala II de la Cámara Federal declaró este jueves la nulidad de la resolución que dispuso el procesamiento y prisión preventiva del piloto Julio Alberto Poch, acusado de conducir aviones desde los que se arrojaron al mar y al Río de la Plata a detenidos en la ESMA, y ordenó profundizar la investigación. Poch fue extraditado esta año a la Argentina desde Holanda, donde se desempeñaba como piloto en una aerolínea comercial. Según la sentencia, en primera instancia se señaló a Poch por su “participación necesaria en la totalidad de los hechos que tuvo por probados acaecieron en la ESMA, por considerarlo -genéricamente- integrante del Grupo de Tareas 3.3 con base operativa en esa Escuela de Mecánica de la Armada. A partir de ello, le atribuye intervención en: a) la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en perjuicio de personas  liberadas y/o muertas presuntamente como resultado de un enfrentamiento, y b) también como “tripulante” de los denominados vuelos de la muerte; sin que al respecto haya formulado un examen de la cuestión que permita concluir en la forma en que lo hizo”. “Advertimos que en ambos supuestos la atribución de responsabilidad en los casos en que, como en el de autos, no surge mínimamente acreditada la vinculación del imputado integrando el citado Grupo de Tareas, el examen de su responsabilidad debe efectuarse atendiendo a parámetros concretos, distintos de la afirmación genérica de su condición de integrante del Grupo de Tareas 3.3/2. y/o de su participación en los vuelos de la muerte, estudio que no surge realizado por el magistrado instructor”, dijeron los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah. Los magistrados dijeron que el juez de primera instancia “habrá de realizar las medidas necesarias y dictar un nuevo pronunciamiento en relación a la situación de Julio Alberto Poch, ajustado a los términos que fueran desarrollados”.