Ingresó a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley que busca modificar el régimen de desafueros para legisladores. Podrían ser investigados y llamados a declarar por la Justicia sin necesidad de un previo desafuero.
La Cámara de Diputados bonaerense tratará un proyecto de ley que apunta a que los legisladores provinciales puedan ser investigados y llamados a declarar sin necesidad de un previo desafuero.
El proyecto, registrado bajo el expediente D-3453/10-11, busca introducir modificaciones en varios artículos del Código Procesal Penal en lo referido al régimen procesal del desafuero. La intención es eliminar cualquier tipo de privilegio, haciendo prevalecer las normas constitucionales. El artículo 1º del texto presentado pauta: "Derógase el artículo 9 de la ley 11922 (Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires)". El artículo 2 modifica los 4 artículos existentes en el Capítulo III del Título II del Libro II de dicha ley.
En la actualidad, en el caso de los funcionarios (juicio político) y jueces (jurado de enjuiciamiento) la Constitución provincial exige un procedimiento previo para el retiro de los fueros, reglado por los arts. 73 inc. 2º, 74 y 154 para el caso del juicio político y arts. 182 a 188 en el caso de jurado de enjuiciamiento. Para el caso de legisladores a nivel constitucional no existe exigencia previa o antejuicio.
"Esencialmente se abre la posibilidad de inicio de la investigación penal preparatoria, antes vedada, facultando al agente fiscal a llamar a declarar por la presunción de la comisión de un delito a un legislador, evitando el actual proceso que requiere el previo pedido de desafuero. El único impedimento que tiene tanto el fiscal como el juez de garantías es disponer alguna medida de coerción que coarte la libertad del legislador durante el proceso, pudiendo continuar con la investigación penal y elevar la causa a juicio, y juzgar al legislador absteniéndose de dar cumplimiento efectivo en caso de que se haya dispuesto una sentencia condenatoria", se explica en la normativa propuesta.
La iniciativa, elaborada por el diputado Abel Miguel (CC), sostiene que la modificación al régimen procesal de fueros se operaría sin vulnerar la inmunidad que la Constitución acuerda individualmente a los miembros del Poder Legislativo. Asimismo, tiende a "garantizar la libertad de expresión de diputados y senadores, y el derecho a que no se coarte con el arresto el ejercicio de sus funciones".
Una significativa modificación es la referida a los términos y procedimiento del desafuero. La propuesta establece que la solicitud de desafuero deberá ser girada de manera inmediata a la respectiva comisión de la Cámara correspondiente, que deberá emitir un dictamen en el plazo de 30 días, caso contrario la cámara deberá tratar la solicitud dentro de los 120 días de ingresada, aún cuando no exista dictamen de Comisión.
En los fundamentos del proyecto, Miguel explica que actualmente con la ley vigente, ante una denuncia sobre la comisión de un hecho ilícito posiblemente cometida por un legislador, se practica una información sumaria sin vulnerar la inmunidad, y en caso de no concederse el desafuero la causa no puede avanzar.
"La reforma evitará que esa inmunidad constitucional se transforme en una inmunidad de proceso que impida el debido esclarecimiento de los hechos investigados, independientemente de quien se sospeche sea el autor", manifestaron voceros de Coalición Cívica.
Con la modificación que se impulsa "se pueden practicar todas las medidas tendientes al esclarecimiento del hecho, y expresamente se determina que en ningún caso el llamado a declaración puede ser considerado violatorio de la completa inmunidad de la que gozan los legisladores", consigna el proyecto.