La Comisión Interamericana de Derechos Humanos culminó su 140º período de sesiones. La agenda estuvo marcada por casos de violaciones a los derechos humanos en la región. Pero es la situación en Haití, Cuba, México. Qué se definió sobre la Argentina.
Del 140º período de sesiones que llevó a cabo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) formaron parte diversos temas que el organismo calificó como “problemas estructurales en materia de derechos humanos que aún persisten en la región”.
Estos incluyen violaciones al derecho a la vida y la integridad personal, las garantías del debido proceso y la protección judicial, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, así como la situación de los derechos de los niños, de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de las mujeres, de las personas privadas de libertad y de la población LGBTI, entre otros.
En referencia a nuestro país, durante este período de sesiones se celebró una audiencia pública, a pedido del Estado argentino, para dar a conocer la situación actual de los procesos judiciales sobre crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, tal y como diera cuenta este medio.
Asimismo, el pasado 1 de noviembre la CIDH adoptó el Informe No. 160/10 por medio del cual aprobó el acuerdo de solución amistosa que las partes habían suscrito el 11 de septiembre de 2009 en la petición 242-03, Inocencia Luca de Pegoraro y otros.
Allí, el Estado reconoció su culpa respecto “a las consecuencias de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 30 de setiembre de 2003, que dejó sin efecto la resolución que ordenó realizar compulsivamente una prueba pericial hemática sobre la presunta nieta de las víctimas y que cerró las posibilidades de investigación de los delitos por la desaparición de Susana Pegoraro y Raúl Santiago Bauer”.
Sin embargo, la Comisión destacó, igualmente, que en el marco de este procedimiento solución amistosa “el Estado promulgó una serie de leyes que establecen el procedimiento para la obtención de muestras de ADN, modernizan el marco normativo que regula el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y garantizan la participación judicial de las víctimas en las investigaciones y juzgamiento por la apropiación de niños durante la dictadura militar”.
Con respecto a otros casos, se celebró una audiencia relativa a la situación de los derechos humanos en los campamentos de desplazados internos de Haití, donde el organismo confirmó que recibió información muy preocupante sobre la existencia de una creciente práctica de desalojos forzados ilegales.
Además, en relación a Cuba, aseguró estar anoticiado sobre “las condiciones infrahumanas que padecen las personas privadas de libertad en ese país”, donde el organismo tomó los testimonios de seis sindicalistas que fueron detenidos durante la llamada “Primavera Negra” en el año 2003 y liberados este año por el gobierno de ese país, estando hoy exiliados a España. “La CIDH alienta al Estado de Cuba a continuar con el proceso para la liberación de todos los presos políticos”, sostuvieron desde el organismo.
Otro tanto se informó sobre “la grave situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en diversos países de la región tales como México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Brasil, Colombia, Venezuela y Paraguay, entre otros”, ya que hay un preocupante número de asesinatos y ataques a la vida e integridad sufridos por estos activistas, “con especial impacto en los líderes sindicales y en aquellos que se dedican a la defensa del derecho al medio ambiente sano, a la reivindicación de tierras y de la propiedad ancestral de los pueblos indígenas, al derecho a la igualdad y no discriminación de los miembros de la comunidad LGBTI y a la promoción de los derechos de las mujeres”.
También se hizo mención a los obstáculos estructurales que dificultan o imposibilitan el goce efectivo de los derechos de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Por ejemplo, se citó la situación en Chile, donde “se escucharon reclamos sobre la aplicación judicial de la legislación antiterrorista a quienes han participado en las protestas y movilizaciones sociales del pueblo indígena Mapuche”.
Durante este período de sesiones se celebraron 52 audiencias y 28 reuniones de trabajo. En total, se aprobaron 66 informes sobre casos y peticiones individuales: 29 de admisibilidad, tres de inadmisibilidad, cinco de solución amistosa, 14 de fondo, una decisión de publicación de informe de fondo y 14 de archivo.