El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos Julio Alak defendió enfáticamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual promulgada en 2009 y pidió que sea “rápidamente ratificada judicialmente”. El funcionario, que ejerció el periodismo en su juventud en el diario El Día de La Plata, recibió a DiarioJudicial.com en su despacho del quinto piso del ministerio una semana después de la muerte de Néstor Kirchner ,a quien definió como un “gran luchador”. En ese sentido, pidió que la Justicia se “sensibilice” con el “respaldo popular masivo” que recibió el Gobierno. Intendente durante 16 años de la capital de la provincia de Buenos Aires, afirmó que la relación del Gobierno con la Corte es “buena” y “cordial” y le bajó el tono a la reciente pelea por el presupuesto 2011 entre los dos poderes. Alak, a diferencia de su antecesor Aníbal Fernández, dijo que resolver el problema de la inseguridad era una de las “deudas pendientes” de su gestión. También le dedicó un párrafo a la Cámara Federal de Mendoza, al sostener que está dando un “triste espectáculo para el resto del país” al no resolver los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y se refirió a la investigación por la desaparición, en 2006, de Jorge Julio López.
¿Cuál es la relación del Gobierno con la Corte?
Es buena. Y cordial. Más allá de que pueda haber diferencias profundas en algunos temas.
Hace poco la Corte salió muy fuerte a denunciar un recorte presupuestario para los gastos de 2011. ¿Cómo se vivió?
Con el tema del Presupuesto, la Corte había pedido un monto a gastar, como hacemos todos los ministerios y claro que una cosa es pedir y otra es recaudar los fondos. El organismo que tiene que recaudar nos observa a todos el gasto que solicitamos en relación con la recaudación. Todos los años es así, pero esta vez los medios lo magnificaron.
¿Cómo fue la recepción del fallo “Sosa"? ¿Hubo incomodidad cuando salió la sentencia?
Tenemos diferencias [con el Máximo Tribunal]: el fallo Sosa nosotros consideramos que es un tema propio del derecho público provincial de Santa Cruz. Las provincias son preexistentes a la Nación y cuando se conforman delegan algunas facultades a la Confederación. La organización institucional de las provincias corresponde a las provincias, es una facultad no delegada. La Corte no puede introducirse en el análisis que son propias a las provincias.
Al asumir, a mediados del año pasado, había planteado la creación de un canal de TV sobre Justicia. ¿En qué situación quedó el proyecto?
Está presentado con la autoridades del Estado que manejan la TV Pública, está bastante avanzado y esperemos a principios del año que viene ya tener la posibilidad de emitir una señal o hacerlo a través de Internet. Está avanzado y creemos que es un buen instrumento para discutir la actividad de la Justicia, la de Derechos Humaos, los juicios, y también cuestiones vinculadas a educar en seguridad.
Como funcionario que alguna vez ejerció el periodismo, ¿Cómo vio el tema de la Ley de medios?
A mí me pareció muy importante, tanto en su construcción que fue participativa, popular y movilizadora como en los efectos que va a tener, que va a democratizar aún más los medios de comunicación.
¿Y cómo percibió la judicialización de la Ley de Medios en particular y de la política en general?
Para mi fue muy lamentable que los sectores vinculados a los grupos más corporativos y concentrados hayan planteado la inconstitucionalidad o la no aplicación de una norma que fue votada por una clara mayoría en Diputados y por una abrumadora mayoría en el Senado. Son maniobras dilatorias y lamentables que están postergando algo inexorable. En la Argentina felizmente y gracias al ex presidente que hemos perdido hace poco, se ha ganado una batalla cultural importante. Una de las más importantes que se ganaron es la de derechos humanos: en la Argentina no va a existir impunidad, vamos a tener memoria y exigir justicia por los crímenes de lesa humanidad. Y esto fue una batalla cultural muy grande que ganó el gobierno anterior y éste lo mantuvo. La otra batalla cultural es que vamos hacia un país igualitario, con distribución del ingreso equitativa, donde todos los ciudadanos tengan acceso a las necesidades básicas como son la educación, salud, la vivienda, terminar con las distorsiones tremendas [N. de la R: acentúa la palabra] que había entre ricos y pobres, que era un atentado a la dignidad y a la ética humana en Argentina y que era fuente de promoción del delito.
Cuando participó de la reunión de la comisión de Seguridad en Diputados se refirió a la estructuralidad de los problemas en lo relacionado con la inseguridad. En ese sentido, ¿Qué opina de la reforma al Código Procesal Penal?
Nosotros trabajamos como línea estratégica del Ministerio en el acceso a la Justicia de los sectores más postergados y en ese sentido hemos abierto centros de acceso a la justicia en casi todas las villas de emergencia de la Capital Federal porque consideramos que es importante advertir que los más humildes, los más pobres no tienen posibilidad de acceder a la Justicia, la Justicia la utilizan los sectores medios y altos de la sociedad aunque todos la pagan, a través de los impuestos. Es importantísima la inclusión de los sectores más postergados en el acceso a la Justicia y, por otro lado, nos parece que los proyectos de modificación del Código Procedimiento Penal son muy útiles porque el sistema inquisitivo es un sistema perimido y necesitamos ir a un sistema acusatorio en donde tanto el imputado como la víctima tengan derecho de participar, más allá del Ministerio Público obviamente… y está probado que garantiza mayor celeridad. La mayor celeridad asegura que haya menos delitos que queden impunes porque el elemento probatorio para incriminar a una persona, con el paso del tiempo, va desapareciendo. Con el sistema de oralidad, seguramente habría menores niveles de impunidad y más garantías procesales. Por lo tanto, estoy de acuerdo en ir a un cambio de sistema. Lo que se está discutiendo en Diputados no es proyecto nuestro pero el Ministerio tiene un trabajo sobre el tema que está concluido y estamos terminando de legitimarlo con algunos sectores para mandarlo a la Cámara. En cuanto a la estructuralidad del delito, es verdad, nosotros consideramos que la mejor manera de luchar contra el delito son las políticas sociales, no las políticas de mano dura. Con educación, salud, trabajo. Si se garantiza al pueblo acceso a salud, trabajo, educación hay menos chances de que ingresen al delito. Cuando la desocupación trepó en 2001 al 50% y la pobreza se fue al 50%, aumentó la cantidad de homicidios dolosos y cuando empezaron a descender el desempleo, la pobreza y a aumentar la inclusión social, cayó la tasa delictiva al 5,4%.
En relación con el Código, hay una corriente que expresa que, de implementarse un sistema acusatorio, los jueces perderían poder jurisdiccional. ¿Cuál su opinión?
Es una pregunta muy medular. Los jueces van a cumplir otro rol, no van a dejar de ser jueces federales. Van a mantener su jerarquía pero la tarea que hoy tienen de instrucción va a estar más compartida con el fiscal.
La oposición y algunos sectores de magistrados critican al Ejecutivo por la falta de nombramiento de jueces y señalan que hay vacantes en todos los fueros (de la Seguridad Social, Civil, Laboral). ¿Cómo toma esto el Ministerio?
Este Consejo de la Magistratura fue el que más designó jueces. Teníamos un Poder Judicial con un nivel de edad muy elevado y, por ese motivo, ha habido muchas renuncias y algunos fallecimientos. Pero también hay sectores que no han querido aplicar las líneas, por ejemplo en Derechos Humanos, que surgen de la voluntad popular y en algunos casos han preferido renunciar. En algunos casos, han dilatado en forma ilegal los procesos como está pasando en la Cámara Federal de Mendoza, lo cual es un triste espectáculo para el resto del país, que le dan impunidad a los represores. Ha habido una transformación en la Justicia, lo que sucede es que son cargos vitalicios y es una transformación que lleva más tiempo. Pero de 900 jueces federales y nacionales, hoy tenemos poco más de 100 vacantes y muchos [concursos] están [en trámite] en el Consejo de la Magistratura, que es un órgano independiente de nosotros, así que no tenemos la culpa.
¿Va a cambiar algo en la Justicia con la muerte de Néstor Kirchner?
La gente tomó conciencia de que hubo un gran luchador en la Argentina, que consumió su vida en la lucha y sabía que estaba enfermo y no tenía que trabajar e igual trabajó. Yo espero que la Justicia, después de todo este respaldo popular masivo, se sensibilice y que las leyes fundamentales que él promovió y la gente apoyó, como la Ley de Medios, sean rápidamente ratificadas judicialmente, porque es muy lamentable…[En los últimos tiempos] se fue generando un sistema de condicionamientos a los gobiernos que fueron los monopolios de las comunicaciones. Todos estamos a favor de la libertad de prensa pero no puede haber una empresa que, de 700 señales de comunicación, tenga 480 porque es un monopolio. En Estados Unidos está totalmente prohibido. El primer error en esto fue la derogación, por parte de [el ex presidente] Carlos Menem, del art. 45 de la vieja Ley de Radiodifusión. Ese fue el huevo de la serpiente. Hubo una reacción tardía del Estado pero la hubo: la Ley de Medios, que tiene que aplicarse para que tengamos una democracia total, que si tenemos que autorizar que las personas del mismo sexo se casen, se puedan casar, que si tenemos que tener una actitud digna ante el mundo, la tengamos.
¿Cuáles son las deudas pendientes que quisiera resolver antes de terminar su mandato?
Me encantaría esclarecer, juzgar y condenar a los responsables de los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel. Sería un sueño. Luchamos para eso, no se si lo lograremos en mi gestión, ojala que sí. Me encantaría que sean condenados todos los represores que actuaron antes y durante la dictadura. Que las Abuelas recuperen a todos los nietos apropiados. Que este gobierno mantenga las políticas sociales y simultáneamente se creen elementos legislativos, judiciales y también policiales para que la inseguridad siga disminuyendo. Creemos que si se mantiene vigente el proyecto que ahora lidera la Presidente Cristina Fernández de Kirchner estas cosas se van a resolver, porque muchas veces no se han resuelto por falta de voluntad política de la dirigencia, por una tendencia a conciliar cuestiones con el poder económico corporativo que no responden a los intereses democráticos y populares. Por temor, por debilidad o mala intención de alguna dirigencia política se concilió con sectores del poder económico y eso generó una decepción de la gente con la política y una regresión en el avance del país. Si algo tuvo Néstor Kirchner y tiene Cristina es una firmeza y valentía fenomenales para no transar con las corporaciones.
En la entrada al ministerio hay un cartel con la cara de Julio López. ¿Hay algún avance en la investigación?
Es un tema muy doloroso. Yo lo conocí a López porque militaba en un espacio político cercano a nosotros. Cuando fui intendente de La Plata, le ofrecí a la Cámara Federal hacer el juicio en el mejor salón de la ciudad que es el salón dorado de la Municipalidad. A diferencia de algunos, que en ciertos distritos nos mandan a hacer los juicios a sociedades de fomento. Y Julio López fue a declarar ahí. Y a los dos días que declaró, despareció. Desde entonces hubo una búsqueda incesante por parte de la Policía de la provincia durante la gestión de Felipe Solá y la causa ahora la tiene la Justicia Federal. Es un tema muy doloroso que ha quedado sin resolver. Esperemos también poder encontrar a los culpables de su desaparición.