La CIDH elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso en el que se investiga la denominada masacre de Río Negro, en Guatemala, donde se asesinó a 500 personas de esa tribu entre 1980 y 1982.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una denuncia contra Guatemala por lo que se conoce como la “Masacre de Río Negro”, ocurrida entre 1980 y 1982, que se relaciona con “la destrucción de la comunidad maya de Río Negro, así como la persecución y eliminación de sus miembros, mediante una serie de masacres ejecutadas por el Ejército de Guatemala y miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil”.
La presentación de la Comisión ante la Corte IDH fue difundida en los últimos días y se fundamenta en el hecho de que el Estado guatemalteco “no ha investigado los hechos de las masacres contra la comunidad de Río Negro de forma eficaz, ni ha examinado la multiplicidad de violaciones ocurridas durante y después de las mismas”.
Señalan también que tampoco se ha “identificado plenamente los restos de las personas ejecutadas, ni ha encontrado el paradero de las desaparecidas, y los tribunales de Justicia han actuado con falta de diligencia para impulsar el procedimiento penal tendiente a esclarecer todos los hechos de las masacres y sancionar a todos los responsables, materiales e intelectuales”.
Los peticionarios, sobrevivientes de la masacre, sostienen que “el Estado de Guatemala tuvo la intención de destruir totalmente la Comunidad de Río Negro y sus habitantes en los años de represión militar en Guatemala”.
Ubicada en la cuenca del Río Negro, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, la comunidad sufrido desde 1980 masacres recurrentes hasta 1982 que “fueron planificadas por agentes del Estado de Guatemala con el objetivo de exterminar la comunidad y constituyeron genocidio” y donde fueron ejecutadas más de 500 personas.
“Las masacres se ejecutaron dentro de una política de ´tierra arrasada´ dirigida por el Estado guatemalteco contra el pueblo maya, calificado como ´enemigo interno´, en un contexto de discriminación y racismo, en violación de los derechos humanos fundamentales de la persona humana”, sostienen desde la comisión.