Un informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad planteó la existencia de “graves deficiencias en materia humanitaria” en la actual gestión Macri en salud, educación e igualdad de derechos. También lo acusó de “utilizar” a la Justicia para llevar adelante medidas "de disciplinamiento y control social".
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) realizó un informe anual en el que plasmó la situación de los derechos humanos durante 2010 en la Capital Federal. Consignó la existencia de “graves deficiencias en materia humanitaria” en la gestión de Mauricio Macri.
El informe elaborado por el Observatorio sostiene que “muchas de las tendencias señaladas en el Informe 2009 han sido profundizadas, transformándose así en claras políticas de gestión que profundizan el estado de vulneración social en el que se encuentran miles de habitantes de la Ciudad”.
Asimismo, consignan que en cuanto a “políticas de gestión” existe un denominador común en el accionar gubernamental de la Ciudad “que une desde las tercerizaciones en el área educativa hasta el intento de aplicación de las neopicanas Taser por parte de la flamante Policía Metropolitana, logrando una red cuyo resultado es el extendido incumplimiento de la Constitución de la Ciudad que obliga al Poder Ejecutivo a garantizar la protección de los derechos humanos”.
Entre muchos puntos consignados por el observatorio en el informe pueden destacarse, por ejemplo, la “desidia en las instituciones que componen el sistema metropolitano de Salud Pública en beneficio de empresas privadas”; los “métodos deslegitimadores de la escuela pública”; el “traslado de gran cantidad de recursos públicos hacia instituciones privadas, delegando lo indelegable, aquello que constituye obligaciones del Estado” o el “afianzamiento de mecanismos de expulsión de sectores de alta vulneración social hacia otras provincias”.
Otro de los puntos que se consigan, que últimamente se vieron representados por las declaraciones del propio Mauricio Macri, es la “discriminación hacia las minorías”; y la “consolidación de la política de seguridad basada en el concepto de “Criminología mediática”, por el que se intenta responder con leyes penales a problemáticas sociales” y la “precarización de las expresiones de la cultura popular en la Ciudad, centrando el eje en conceptos culturales elitistas”.
Cuando se realizó la presentación del informe, la jueza Contencioso Administrativa de la Ciudad, Andrea Danas, sostuvo que “el Derecho no es sólo una serie de normas, los derechos humanos no son teóricos sino prácticos, tienen rostro y cuerpo, y es nuestra responsabilidad, como jueces, verlos y palparlos en la realidad”, ello en clara alusión a las criticas que recibió por su fallo, ya confirmado por la Cámara, sobre la utilización de las Taser por parte de la Policía Metropolitana.
En cuanto a la Justicia, en el informe no quedó fuera todo el conflicto suscitado por la intención de nombrar a Daniela Ugolini como miembro del TSJ porteño. Para el observatorio era “trascendental” que una persona como Ugolini “no integrara el órgano máximo de Justicia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” ya que, como ejemplifican, mientras fue procuradora porteña “opinó que una mujer casada debía obtener el permiso del marido para acceder a una ligadura de trompas”.
También criticó “la utilización de la Justicia para llevar adelante medidas netamente de disciplinamiento y control social, forzando pronunciamientos que violentaron no sólo la Constitución local y Nacional sino a quienes deben someterse a esos fallos que de tan injustos, resultaron absurdos”, consigna el Observatorio.
Por otra parte, en cuanto al derecho a la Igualdad, el informe advierte “una vuelta regresiva y anticonstitucional al concepto ‘actitud sospechosa’, concepto que devuelve facultades de antaño a los agentes policiales, a fin de aprehender ciudadanos por simple ‘portación de cara’”.
Y a nivel educativo, destacan la profundización de la lógica privatista, consignando, entre otras cosas, el escaso o inadecuado mantenimiento de los edificios que provocó suspensión de días de clases; la paralización del tratamiento de temas de Educación Sexual en todos los niveles o la falta de respuesta a los bachilleratos populares; y el incumplimiento de la Ley de Presupuesto por subejecución presupuestaria.
En el mismo sentido se destaca que el Ministerio de Educación, a cargo de Esteban Bullrich, “ha promovido la contratación de empresas educativas -como son las Universidades privadas- para aplicar ‘paquetes virtuales’ de alfabetización que bajo la apariencia de innovación tecnológica, se venden como escuelas inteligentes sin atender a las singularidades culturales y grupales de amplios sectores de la Ciudad”. Además a la división Norte-Sur propia de las políticas gubernamentales porteñas, se destaca que “se ha dispuesto una significativa asignación de presupuesto a la gestión privada, aumentando la brecha de la desigualdad educativa” lo que se “demuestra con el incremento de 167% del presupuesto asignado para la gestión de las escuelas privadas. Las asignaciones pasaron de 482 millones de pesos en el año 2008 a 806 millones en el presupuesto 2010”.
El Observatorio también destacó con una honda preocupación el “incremento de la mortalidad infantil en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires” como “una de las consecuencias… visibles de las políticas implementadas por la gestión actual”. Tal es así que la tasa de mortalidad infantil subió, en la Ciudad, un punto por mil en el año 2009, en comparación con el año anterior, ya que pasó de 7,3 a 8,3 por mil, ello según cifras oficiales de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad. Con respecto a esto, durante la presentación también se hizo hincapié en la denuncia de que para el Presupuesto 2011 se planea eliminar $95 millones de la partida anual que le corresponde al Hospital Garraham.