La Suprema Corte provincial ordenó destruir la gran acumulación de armas de fuego que hay en los tribunales, producto del decomiso en distintas causas. Mediante acordada advierten los peligros de la situación y piden al Ministerio de Seguridad local la destrucción de las mismas.
La Suprema Corte de Mendoza intimó al Ministerio de Seguridad provincial a destruir la gran cantidad de armas que hay en los tribunales, a raíz del decomiso de las mismas en distintas investigaciones, lo que “representa una amenaza a la seguridad pública”.
La exhortación fue por medio de la acordada Nº 22.994 que dictó el Tribunal, y en ella advierten de la gran acumulación de armas de fuego que hay en las oficinas de secuestros del Poder Judicial local. Instó a que sean destruidas.
En los últimos años, algunos poderes judiciales establecieron medidas para evitar que se junten las armas secuestradas en distintas investigaciones, entre las que se incluye su destrucción. Fue el caso de la Suprema Corte Bonaerense, que incluso dispuso que los jueces y fiscales crucen información para determinar la cantidad de las armas y municiones con que contaban antes de hacerlas desaparecer.
Los jueces recordaron que la ley 6.816 prevé que respecto a las armas de fuego debe “procederse a la fundición de todo aquel armamento que posea expresa orden de decomiso”, y al respecto recordaron que la provincia adhirió a la norma de carácter nacional Nº 25.938 que establece la destrucción de las mismas.
“Las oficinas de Secuestros del Poder Judicial reciben los materiales mencionados secuestrados o incautados bajo condiciones de seguridad, siendo dicho depósito de carácter transitorio”, advirtieron.
Según expresaron, hay un “elevado número de armas de fuego” en los depósitos de los Tribunales, y ello “representa una amenaza a la seguridad pública, teniendo en cuenta los problemas de seguridad que pueden causarse al no tener intervención del Ministerio de Seguridad en la custodia de las mismas, tarea competente a dicho organismo”.
“Durante el año 2009 y a lo largo del corriente, la Suprema Corte de Justicia ha mantenido sendas comunicaciones con el Ministerio de Seguridad a fin de operativizar lo dispuesto por las normas legales respectivas”, reprocharon los jueces Alejandro Perez Hualde, Carlos Bohm y Jorge Horacio Nanclares.
Además, detallaron que hasta la actualidad se han retirado de los depósitos unas 500 armas de fuego, restando unas 1500.
“La Secretaría Legal y Técnica dictamina que resultaría pertinente el dictado de una Acordada de la Sala en la que se exhorte al Ministerio de Seguridad a recibir las armas decomisadas que se encuentren en la Oficina de Secuestros del Poder Judicial, a efectos de que dicho Ministerio inicie el trámite administrativo correspondiente a fin de que se proceda a la destrucción de las mismas”, cita la acordada.
Por lo pronto, los jueces instaron al Ministerio de Seguridad para que inicie el trámite administrativo pertinente a “fin de que se proceda a la destrucción” de las armas que colapsan los depósitos.